El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, una normativa que exige a los equipos directivos de escuelas secundarias denunciar ante la Justicia cualquier hecho protagonizado por alumnos que pueda constituir un delito de acción pública.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial porteño tras llevar las firmas de la ministra Mercedes Miguel y de la titular del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Victoria Morales Gorleri, provocó una inmediata ola de repudio por parte de los principales sindicatos docentes de la Capital Federal.
Bajo la denominación de «Actuación educativa ante situaciones con posible relevancia penal», el reglamento determina que la obligación de denunciar abarca tanto hechos ocurridos dentro de los establecimientos como en sus inmediaciones si involucran a estudiantes de la institución.
Además, habilita la presencia e intervención de la Policía de la Ciudad dentro de las escuelas en casos considerados de urgencia. La iniciativa se fundamenta en la reciente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), el cual fijó la edad de imputabilidad a partir de los 14 años.
Alerta por criminalización y antecedentes en la comunidad educativa
Los gremios UTE y Ademys rechazaron enfáticamente el protocolo al considerar que transforma los espacios pedagógicos en herramientas de persecución y vigilancia sobre los jóvenes, en lugar de priorizar abordajes de contención, diálogo y prevención comunitaria.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación remarcaron que una redacción genérica del texto abre la puerta a que conflictos habituales de convivencia, protestas estudiantiles o desacuerdos dentro del aula terminen judicializados de forma indebida.
En la misma línea, desde la conducción de Ademys advirtieron que la norma busca convertir a los colegios en una «antesala del sistema penitenciario» e instaron a que el Ejecutivo porteño garantice la presencia de equipos interdisciplinarios especializados y mayores recursos para la contención social. El debate reavivó el malestar generado en 2022, cuando la gestión porteña entabló acciones judiciales contra las familias de alumnos que participaron en tomas de establecimientos, un antecedente que hoy genera profunda inquietud en las comunidades educativas sobre el alcance real de esta medida.