La política institucional de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un derrotero donde la resolución de conflictos habitacionales deja de ser un asunto de políticas públicas complejas para convertirse en un rudimentario producto audiovisual. Con la reciente difusión de operativos de desalojo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, inauguró una nueva categoría de marketing político: transformar la restitución de inmuebles en un show punitivista cuyo único fin es alimentar la polarización y la estigmatización ideológica.
No soprende, de hecho, primero atacó a las personas en situación de calle a las que trató de basura, luego continuó con los habitantes bonaerenses (con la ironía que el viene de Vicente López) y siempre sus dardos se dirigen hacia el peronismo, aunque esta vez traspasó un límite en la carrera por mostrarse cada vez más despreciable.

De hecho, se apoyó en un simple operativo de recuperación un inmueble usurpado para expresar una suerte de macartismo con el kirchnerismo. Como si con su circo mediático y estigmatización no bastara, publicó en las redes sociales: “Ser kirchnerista y ser enemigo de la propiedad privada van de la mano“. En las imágenes, editadas de forma muy prolija, en una puede verse una pared cuya pintada dice “Cristina libre” y en otra se observa a un policía mientras una foto de Eva Duarte de Perón. No tiene remate…
De la política habitacional a la puesta en escena
Lo grave no es solo que el oficialismo porteño capitalice un procedimiento de desalojo, sino el uso grotesco y arbitrario de simbología partidaria para generalizar y descalificar a todo un espacio político. Reducir un problema multicausal —profundizado por crisis económicas recurrentes, déficits habitacionales históricos y la falta de alternativas habitacionales reales— a una simplificación infantil donde “ser kirchnerista es ser enemigo de la propiedad privada” insulta la inteligencia de la ciudadanía.
Utilizar un operativo de seguridad como decorado para lanzar eslóganes de campaña evidencia una peligrosa banalización de la función pública. En lugar de gobernar con la seriedad que demanda un distrito con profundos desequilibrios sociales, la administración prefiere el impacto efectista en redes sociales, buscando aplausos fáciles a costa de avivar la grieta.
El ataque implícito a la convivencia democrática y a los votantes
La retórica oficial va mucho más allá de una chicana hacia sus adversarios institucionales; golpea directamente a millones de ciudadanos que comulgan con ideas nacionales y populares, tratándolos de manera liviana e irresponsable como Cómplices del delito. Asociar de forma directa la identidad política de un sector con prácticas marginales o delictivas no es más que una forma de deshumanización discursiva. Al estigmatizar de esa manera, el jefe de Gobierno no solo ataca a los dirigentes, sino que desprecia y hostiliza a los votantes libres que eligen democráticamente otras opciones políticas, fracturando aún más el pacto de convivencia urbana.
Gobernar una metrópoli compleja exige altura institucional, templanza y, sobre todo, soluciones de fondo que contemplen tanto el derecho de propiedad como la emergencia social de los sectores más vulnerables —una dimensión sistemáticamente desatendida por administraciones que gobiernan la Ciudad desde hace casi dos décadas. Cuando el poder se ejercita desde el atril del marketing y el prejuicio ideológico, la ley y el orden se vacían de contenido republicano para transformarse en un mero instrumento de propaganda y exclusión.
