El conflicto por la privatización de un espacio público en Liniers escaló a los tribunales. La justicia se declaró competente para tratar el amparo vecinal y emplazó al Gobierno de la Ciudad a brindar explicaciones sobre las obras de canchas de pádel privadas.
Lo que comenzó como un reclamo espontáneo en la calle se ha convertido en una causa judicial que hoy pone en jaque el proyecto comercial en el Polideportivo Santojanni. El expediente, que busca frenar la instalación de canchas de pádel explotadas por la firma Trixma S.R.L. en un predio público, obtuvo este lunes un respaldo clave: el caso ha sido radicado oficialmente en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 22.
Los puntos clave del avance judicial
La titular del juzgado, la Dra. María Rosa Cilurzo, ha tomado las riendas del amparo y, tras considerar que existen argumentos sólidos sobre una posible vulneración de derechos ciudadanos, ha marcado una hoja de ruta estricta para la administración porteña:
- Competencia confirmada: Al declararse competente, la Justicia valida que el reclamo vecinal tiene sustento jurídico suficiente para ser investigado en profundidad.
- Plazo de respuesta: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) cuenta ahora con un plazo perentorio de 5 días hábiles para elevar un informe detallado. En este documento deberán justificar el convenio firmado con la empresa privada y detallar las autorizaciones de las obras de cemento que ya comenzaron a transformar el espacio verde.
- La sospecha de irregularidad: Para los vecinos, la intervención del juzgado y la posibilidad de una clausura preventiva —medida solicitada por los demandantes— refuerzan su postura: el Santojanni es un espacio de uso comunitario y no una superficie destinada a la explotación comercial.
La lucha continúa fuera de los tribunales
A pesar del optimismo que genera este “paso gigante” en el ámbito legal, los integrantes del colectivo “No a la privatización del Poli Santojanni” advierten que la movilización se mantiene intacta.
Desde la organización vecinal sostienen que la batalla por el “patio comunitario” de Liniers es un símbolo de la defensa de lo público frente a la lógica de privatización. Con la causa en marcha, los vecinos se preparan para una etapa de mayor visibilización y sostienen: “Necesitamos que toda la Ciudad sepa lo que está pasando”.
Por ahora, la obra se encuentra bajo la lupa judicial y la comunidad espera que las explicaciones del Gobierno de la Ciudad despejen las dudas sobre la legalidad de un proyecto que, hasta hoy, enfrenta una fuerte resistencia barrial.