La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un pedido de informes urgente dirigido al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones detalladas sobre el alarmante desmoronamiento de la acera ocurrido en el barrio de Parque Avellaneda (Comuna 9). El incidente, provocado por las excavaciones del Plan Hidráulico porteño, despertó una fuerte preocupación entre los frentistas debido al riesgo estructural y la falta de respuestas oficiales.
El hecho que originó el reclamo legislativo se produjo sobre la Avenida San Juan Bautista de La Salle al 2300, en el tramo comprendido entre Derqui y Echeandía. Allí, la vereda cedió por completo como consecuencia directa de las tareas de construcción de los ramales Zuviría y Martí II, correspondientes a la Cuenca del Arroyo Cildáñez.
Una megaobra bajo la lupa vecinal
Los trabajos forman parte de una obra clave del Gobierno de la Ciudad orientada a mitigar las inundaciones en los barrios de Flores, Parque Avellaneda y Villa Lugano durante tormentas severas. El proyecto integral contempla una extensión de 3,8 kilómetros y fue adjudicado a la empresa contratista Centro Construcciones S.A.
Para la instalación de los conductos rectangulares de hormigón —cuyas dimensiones varían entre $1,50 \times 1,50$ y $3,50 \times 3,00$ metros— la empresa utiliza el sistema de zanja a cielo abierto. Esta metodología implica excavaciones profundas que incluyen bocas de registro, cámaras de empalme y sumideros.
El reclamo de los frentistas: La extensión del derrumbe y su extrema cercanía con las fachadas de las viviendas generaron pánico en el barrio. Los afectados denunciaron públicamente una preocupante ausencia de inspecciones estatales y aseguraron que el Gobierno de la Ciudad ignoró los reclamos y alertas que ingresaron a través de los canales de denuncia vecinal previos al colapso.
El pedido de informes aprobado en la Legislatura
A través de la Resolución 142-2026, basada en un proyecto impulsado por la legisladora porteña Bárbara Rossen, el cuerpo parlamentario le exigió al Ejecutivo que esclarezca la situación en un plazo perentorio.
Los legisladores apuntan a verificar dos ejes centrales:
- Garantías técnicas: Determinar si los pliegos y la ejecución de la obra contaban con las previsiones de ingeniería necesarias para evitar desmoronamientos en zonas residenciales.
- Canales de comunicación: Comprobar si existió o se prevé habilitar un puente de diálogo directo y eficiente entre el Ministerio de Espacio Público, la empresa constructora y los damnificados para atender emergencias.
El peligro de los servicios públicos y el temor en Flores
La inquietud de los vecinos frentistas excede la rotura de la vereda. El documento aprobado advierte sobre los peligros secundarios del desmoronamiento: la posible afectación de las redes de servicios públicos (gas, agua y electricidad) que corren de forma subterránea y la inestabilidad de los postes de luz y cableado que quedaron suspendidos en el aire tras perder el sustento de la tierra.
Lejos de disiparse, el conflicto amenaza con trasladarse a barrios linderos. Los vecinos de la calle Primera Junta, en el tramo que va desde Portela hasta la Avenida Lafuente (en el límite con el barrio de Flores), manifestaron que se encuentran en estado de alerta máxima debido al inminente inicio de las excavaciones en sus cuadras bajo la misma modalidad técnica.