El arrastre de la crisis macroeconómica nacional comenzó a mostrar un fuerte impacto en las finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según datos fiscales consolidados, el distrito acumula una contracción del 17,3% en términos reales en sus ingresos tributarios desde 2023, una cifra que refleja el deterioro directo sobre el consumo, la inversión y el nivel de actividad del mercado interno porteño.
Pese a los intentos del Ministerio de Hacienda por sostener los niveles de cobrabilidad mediante la digitalización y el refuerzo en los controles de fiscalización, el desplome de la base imponible local pone en evidencia la dificultad para amortiguar el freno económico general.
El retroceso de los tributos clave
El desfinanciamiento responde de manera directa a la baja performance de las principales fuentes de ingresos tributarios propios de la Ciudad:
- Ingresos Brutos: Pilar de las arcas porteñas (representa históricamente más del 70% de los recursos propios), acusó el golpe de la caída generalizada de ventas en supermercados, comercios de cercanía y centros comerciales.
- Sellos y Patentes: Gravámenes vinculados a operaciones inmobiliarias y registro de vehículos registran caídas de dos dígitos, afectados por la contracción del crédito y el freno en la compraventa de bienes durables.
- ABL e Inmobiliario: Si bien se aplican actualizaciones mensuales, la pérdida de poder adquisitivo incrementó ligeramente la morosidad en barrios residenciales, impulsando al Ejecutivo a implementar moratorias y facilidades de pago.
Un escenario entre el conflicto por la coparticipación y la subejecución presupuestaria
Este deterioro en la recaudación propia se da en un contexto de persistente tensión política y financiera con la Casa Rosada. A pesar de los reclamos del Ejecutivo porteño por el cumplimiento pleno del fallo de la Corte Suprema respecto al coeficiente de coparticipación federal (2,95%), el flujo de fondos nacionales resulta insuficiente para equilibrar la brecha que genera la recesión interna.
Ante esta coyuntura, desde sectores de la oposición y análisis económicos independientes advierten que la estrategia oficial para preservar el superávit financiero se ha volcado hacia el recorte de la inversión pública. Esto se traduce en la subejecución de partidas destinadas a infraestructura clave —como la extensión de la red de subtes, obras de urbanización y mantenimiento en infraestructura hospitalaria—, reabriendo el debate sobre el impacto del ajuste fiscal en la calidad de los servicios públicos esenciales de la Ciudad.