La 5° Marcha Federal Universitaria, convocada paraa el jueves 15 de octubre en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al desajuste presupuestario y salarial del sector académico, concluyó con un violento operativo represivo en las inmediaciones de la Plaza del Congreso. Pasadas las 15:30 h, la intervención conjunta de fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) y la Policía de la Ciudad derivó en el despliegue de camiones hidrantes, gases lacrimógenos, patrullaje con motos y disparos de postas de goma sobre manifestantes, trabajadores de prensa y legisladores.
La jornada de protesta se desarrolló en simultáneo a la sesión especial en la Cámara de Diputados convocada para tratar la derogación del DNU 70/2023, la cual se cayó por falta de quórum al registrar 121 legisladores presentes (a 8 de la cifra necesaria para habilitar el debate).
Saldo de heridos, detenidos y ataques a trabajadores de prensa
La intervención policial dejó un saldo de decenas de manifestantes con traumatismos y afecciones respiratorias —la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó más de 500 personas afectadas por el gas pimienta y sustancias químicas— y entre 6 y más de 30 personas detenidas (según cruces de reportes policiales y de organismos de derechos humanos como la Correpi), imputadas por atentado y resistencia a la autoridad.
El accionar de las fuerzas de seguridad provocó un amplio repudio por el ensañamiento dirigido hacia fotoperiodistas y comunicadores que realizaban la cobertura del evento:
- Agresión a reporteros gráficos: El fotógrafo Guido Piotrkowski (Página/12) recibió disparos de balas de goma a corta distancia en el pecho por parte de efectivos de la PFA. Paralelamente, una cronista de un medio comunitario debió ser hospitalizada tras recibir siete impactos de perdigones en el cuerpo.
- Ataque a equipos móviles: El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado de repudio denunciando agresiones físicas y rotura de equipamiento a cronistas de TeleSISA, El Grito del Sur y al camarógrafo de la señal televisiva C5N, quien fue agredido por un sujeto encapuchado mientras registraba imágenes en la plaza.
- Infiltración de gases en el Palacio Legislativo: Dip. Cecilia Moreau se descompuso en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación (Avenida Rivadavia y Riobamba) tras el ingreso de cartuchos de gas lacrimógeno lanzados por las fuerzas de seguridad hacia el edificio del Congreso, lo que motivó un pedido de informes por parte del diputado Esteban Paulón.
Denuncias por infiltrados y acusaciones cruzadas
El detonante de las corridas ocurrió cuando un grupo reducido de personas con el rostro cubierto comenzó a romper baldosas y arrojar mampostería contra el vallado del Congreso. Estudiantes y dirigentes de los gremios docentes y nodocentes denunciaron de inmediato la presencia de provocadores e infiltrados ajenos a la columna universitaria:
| Parte Involucrada | Posición y Declaraciones Oficiales |
| Comunidad Universitaria y Gremios (CIN, ATE) | Denunciaron provocaciones montadas para invisibilizar el reclamo educativo. Rodolfo Aguiar (ATE) tildó el operativo de «violencia institucional» y acusó al Poder Ejecutivo de enviar infiltrados para justificar la represión. |
| Ministerio de Seguridad de la Nación | La ministra Alejandra Monteoliva defendió el protocolo antipiquetes, asegurando que se actuó contra «los mismos violentos de siempre» que buscaban «convertir las calles en una zona liberada», reportando 8 efectivos policiales heridos. |
| Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | El jefe de Gobierno, Jorge Macri, calificó a los manifestantes violentos como «delincuentes y zurdos infiltrados» que no representan el interés educativo, valuando los destrozos al mobiliario urbano en cerca de $90 millones. |
| Presidencia de la Cámara de Diputados | Martín Menem responsabilizó a sectores de la oposición por «desestabilizar y generar caos», rechazando los reclamos presupuestarios y afirmando que el Gobierno ya cumplió con las partidas universitarias. |
A pesar de la dispersión de las columnas tras el avance policial y el desatarse de intensas lluvias al final de la tarde, las organizaciones sindicales, sociales y académicas ratificaron el estado de alerta y movilización, exigiendo la inmediata liberación de los detenidos y el cese de las acciones judiciales contra los manifestantes.