Freno judicial a la concesión de los medios públicos porteños

El plan del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para privatizar el gerenciamiento de sus medios de comunicación públicos —Canal de la Ciudad, AM 1110 Radio de la Ciudad y FM 92.7 La 2×4— sufrió un importante revés judicial. El fiscal general de Cámara, Rodrigo Cuesta, dictaminó que debe revocarse el fallo de primera instancia que había rechazado la acción interpuesta por los trabajadores de las emisoras, reconociendo además su legitimación para accionar en defensa del carácter público de las señales. La decisión final depende ahora de la Sala III de la Cámara de Apelaciones.

El dictamen incorpora como prueba clave las advertencias del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), organismo que calificó el proceso licitatorio como “ilegal” e intimó por Carta Documento al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, señalando que la delegación del gerenciamiento constituye una falta grave que podría derivar en la caducidad definitiva de las licencias. Mientras el fuero judicial evalúa una medida cautelar que suspenda las adjudicaciones, la administración porteña sostiene que no se transfieren las titularidades de las frecuencias, sino únicamente la explotación y la gestión operativa para reducir el gasto presupuestario.

Estado de las licitaciones y postura de las partes

• Televisión (Canal de la Ciudad): La gestión por un período de 5 años fue adjudicada a la firma Cale Group por un canon mensual de $50 millones. El contrato definitivo aún no ha sido rubricado, estando previsto el inicio formal del gerenciamiento entre finales de octubre y principios de noviembre.
• Radios (AM 1110 y FM 2×4): Tras un primer llamado declarado desierto, el proceso fue relanzado en dos renglones independientes con un canon base de $1,53 millones mensuales por emisora y fecha de apertura de sobres fijada para el 28 de septiembre.
• Argumento del Ejecutivo Porteño: Jorge Macri defiende el esquema bajo la premisa de optimizar recursos públicos, argumentando que la concesión operativa evita que la masa de contribuyentes financie el costo de funcionamiento de los medios estatales.
• Reclamo sindical y gremial: Los trabajadores denuncian una privatización encubierta que atenta contra el rol social de los medios públicos, señalando la pérdida de coberturas históricas (como la final del Mundial de Tango en FM 2×4) y el riesgo sobre las fuentes laborales.