La política contemporánea parece haberse divorciado de la gestión de los problemas públicos para convertirse en un show permanente de efectos visuales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta fisura encuentra en la figura del jefe de Gobierno, Jorge Macri, a uno de sus directores de escena más entusiastas.
En ese sentido, un ejemplo reciente de esta deriva autoritaria quedó expuesto sin filtros en las redes sociales del propio jefe de Gobierno. A raíz de la detención de trabajadores del subte (Metrodelegados) que realizaban medidas de fuerza en defensa de sus condiciones laborales, Macri disparó un tuit que pinta de cuerpo entero su concepción de la democracia:
“En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden.”
Lejos de proponer soluciones estructurales a una crisis socioeconómica profunda, la administración porteña optó por un libreto previsible y reaccionario: la construcción sistemática de chivos expiatorios, el ataque solapado —y a veces explícito— a los sectores más vulnerables y la criminalización lisa y llana de la protesta social.
El show de la crueldad: de “Operativo Tormenta Negra” a los montajes fílmicos
La gestión de Jorge Macri padece una peligrosa adicción a la puesta en escena. Con operativos bautizados con nombres de resonancias belicistas como “Tormenta Negra”, la Ciudad escenifica despliegues policiales hipermediáticos diseñados exclusivamente para las cámaras de televisión y las redes sociales. No se trata de desarticular el delito complejo, sino de irrumpir con cascos y chalecos en barrios humildes para ofrecer un botín simbólico a un sector del electorado que consume mano dura como paliativo de su propia angustia.
Este teatro punitivo contrasta obscenamente con la parálisis estatal ante los problemas reales. Mientras se gastan recursos públicos en producir contenidos audiovisuales de persecución, la asistencia social retrocede y la empatía institucional brilla por su ausencia. El pobre no es visto como un sujeto de derechos al que hay que asistir, sino como un elemento disruptivo de la escenografía urbana que debe ser higienizado, ocultado o reprimido.
Insolidaridad metropolitana: el relato del “puertas adentro”
En la misma línea de mezquindad política se inscriben las recientes restricciones impulsadas desde el Ejecutivo porteño para limitar el acceso de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires a los centros de salud de la Ciudad.
Esta medida no solo revela una profunda insolidaridad regional, sino una amnesia histórica interesada. La Provincia de Buenos Aires, con su potente cordón industrial y su conurbano dinámico, aporta aproximadamente el 25% del Producto Bruto Interno (PBI) de todo el país. Sin embargo, cuando se trata de garantizar derechos básicos como la salud pública, la administración de Jorge Macri prefiere erigir muros invisibles. Curiosamente, esa misma Ciudad no tiene ningún pudor en usufructuar masivamente la costa atlántica bonaerense cada verano, ni en trasladar problemas penitenciarios —como el histórico conflicto por el traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz— hacia el territorio provincial cuando la presión interna se vuelve insostenible. El federalismo y la cooperación interjurisdiccional solo aplican cuando son convenientes para el relato porteño.
La criminalización del trabajo: “Ley y orden” contra los Metrodelegados
Reducir el reclamo legítimo de trabajadores organizados a una “extorsión mafiosa” y tildar de “curros” la defensa del salario y la salud laboral es un ejercicio de demagogia peligrosa. El derecho a huelga, consagrado constitucionalmente, es despojado de su legitimidad mediante la falacia de que cualquier afectación del servicio es un delito criminal.
Bajo el latiguillo vacío de “Ley y orden”, la administración porteña invierte la carga de la prueba: el trabajador que protesta es tratado como un delincuente peligroso, mientras que el ajuste, la precarización y la desinversión empresaria gozan de absoluta impunidad institucional.
La gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires se consolida sobre los cimientos de una peligrosa paradoja: un gobierno hiperactivo para el marketing de la represión y profundamente inactivo para la justicia social.
Montar operativos cinematográficos, cerrar hospitales a los bonaerenses y encarcelar trabajadores no es gobernar; es ensayar una puesta en escena autoritaria que busca disimular la falta de ideas propias para resolver los problemas de la ciudadanía. Cuando la única respuesta del Estado ante el conflicto social es la celda y la cámara de televisión, lo que entra en crisis no es el derecho a circular, sino la propia democracia.