La situación del gremio periodístico en la Argentina atraviesa un escenario crítico que combina la precarización económica con la urgencia de actualizar un marco legal que quedó desfasado en el tiempo. Frente a la reciente reforma laboral, que determinó la derogación del histórico marco regulatorio de la profesión, los sindicatos de prensa nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y otros tantos del resto del país, presentaron en el Senado de la Nación un proyecto para establecer un nuevo Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas.
Los datos que motivan esta iniciativa parlamentaria reflejan una realidad alarmante. Según el último informe socioeconómico presentado por SiPreBA, el 65% de los periodistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, mientras que un 17,8% ha tenido que recurrir a créditos o préstamos para solventar sus gastos diarios. En este contexto, el multiempleo se ha transformado en la norma del sector, obligando a muchos profesionales a complementar sus ingresos con actividades ajenas al oficio, como el transporte de pasajeros a través de aplicaciones.
Regular el presente, proteger el futuro
En diálogo radial Pablo Seoane, Micaela Polak, experimentada periodista, secretaria de géneros de SiPreBA y delegada en Radio Nacional, explicó los fundamentos del proyecto y la estrategia del sector frente al vencimiento del marco legal vigente.
A través del uso del estilo directo, Polak describió el panorama actual:
“El Gobierno, a partir de la reforma laboral, lo que hizo fue derogar el estatuto del periodista. Nosotros logramos, mientras fue el tratamiento de esa ley, que esa derogación no fuera efectiva inmediatamente, sino que pudiéramos extender la vigencia hasta el 31 de diciembre de este año”.
Frente a este límite temporal, la dirigente sindical señaló que la respuesta del gremio no fue el desánimo, sino la acción propositiva. En este sentido, recurriendo al discurso indirecto, Polak manifestó que decidieron utilizar estos meses para confeccionar un estatuto superador que contemple la realidad tecnológica actual. Explicó que el texto anterior tenía 80 años de antigüedad y omitía funciones que hoy resultan cotidianas en las redacciones, además de carecer por completo de regulaciones sobre los nuevos desafíos técnicos. “Claramente tampoco contemplaba la inteligencia artificial, por ejemplo, que hoy es una amenaza y una herramienta que tenemos, que estamos aprendiendo a usar y que necesitamos regular”, aseveró textualmente.
La representante de SiPreBA también desmitificó ciertas creencias instaladas en la opinión pública respecto a los beneficios económicos de la profesión, aclarando que las indemnizaciones especiales contempladas en el régimen del sector no constituyen un privilegio, sino un resguardo indispensable para el ejercicio libre del oficio. Al respecto, precisó:
“Es una garantía para las audiencias sobre todo, para los lectores, para quienes se nutren de esa información. Es una garantía de que esa información está producida por alguien que no responde a una línea editorial de una empresa que tiene intereses económicos. Esa indemnización es una garantía de que no nos pueden echar por publicar algo que nos parece que es lo que hay que publicar”.
Un reclamo con carácter federal y el retroceso de los medios públicos
El proyecto de ley fue recibido formalmente por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado. Según el relato de los protagonistas, la recepción por parte de los distintos bloques parlamentarios fue favorable, reconociéndose el valor del periodismo de cercanía en el interior del país, donde las emisoras locales cumplen un rol social insustituible.
No obstante, la contracara de la discusión legislativa se vive a diario en los lugares de trabajo. Polak expuso la delicada realidad de Radio Nacional, donde denunció que no se alcanzan acuerdos paritarios genuinos desde agosto de 2024, lo que ha empujado el salario básico de la categoría testigo por debajo de los 500 mil pesos, generando situaciones donde el personal en actividad percibe haberes inferiores a los de las jubilaciones del propio sector.
La consecuencia directa de este desfinanciamiento es el vaciamiento y la pérdida de soberanía informativa en las provincias. De las 49 emisoras que integran la cadena oficial en todo el territorio nacional —claves en zonas aisladas mediante servicios históricos como los mensajes al poblador—, la mayoría ha visto reducida su programación propia a un promedio de apenas cinco horas diarias, completando el resto de la grilla con transmisiones retransmitidas desde la Ciudad de Buenos Aires.
Ante la falta de respuestas empresarias en las audiencias convocadas por la Justicia Laboral, los trabajadores de prensa ratificaron el inicio de un plan de lucha y ruidazos para visibilizar el conflicto. La batalla legal y parlamentaria que se avecina en las comisiones del Congreso será extensa y compleja, pero el gremio apuesta a que la necesidad de defender el derecho a la información impulse la aprobación del nuevo estatuto antes de que concluya el año.