La gestión de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el centro de una batalla política y judicial. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, confirmó este miércoles que avanzará con la licitación para el gerenciamiento operativo de Canal de la Ciudad, AM 1110 (La Once Diez) y FM 92.7 (La 2×4). El argumento oficial se basa en la austeridad fiscal: “No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado”, sostuvo el mandatario.

El plan oficial: Concesión por 5 años

La administración porteña busca ceder el control operativo de las señales a una empresa privada durante un lustro a cambio de un canon millonario. Según el Ejecutivo, esta medida busca:

  • Modernizar y profesionalizar las señales.
  • Reducir a cero el costo para el erario público.
  • Mantener, en teoría, el rol cultural y de servicio público de los medios.

Las advertencias del ENACOM y la Justicia

A pesar de la determinación de Macri, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) encendió las alarmas legales. El organismo presentó un informe ante la Justicia Federal advirtiendo que la licitación podría ser ilegal.

“La medida colisiona con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el principio de indelegabilidad de las licencias audiovisuales”, señalaron desde el organismo regulador.

En términos jurídicos, esto significa que quien posee la licencia (el Estado porteño) no puede transferir su explotación a un tercero privado, ya que es una responsabilidad intransferible según la normativa vigente.

Denuncias de “Privatización Encubierta”

La resistencia no solo es institucional, sino también gremial. Los trabajadores de los medios públicos y diversos sindicatos del sector han recurrido al fuero contencioso administrativo federal para solicitar una medida cautelar que frene el proceso.

Los principales reclamos del sector son:

  1. Estabilidad laboral: Temor por despidos masivos ante la llegada de una gerencia privada.
  2. Contenidos: Riesgo de pérdida de contenidos culturales, educativos y de tango (en el caso de La 2×4) en favor de intereses comerciales.
  3. Transparencia: Acusan a la gestión de Jorge Macri de realizar una privatización de hecho sin pasar por los debates correspondientes en la Legislatura.

Mientras el Gobierno porteño mantiene firme su postura de “ahorro de bolsillo”, la resolución final queda ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si el gerenciamiento privado es una herramienta de modernización válida o una violación directa a las leyes de comunicación nacionales.