Marcelo Boeri, titular de Taxistas Unidos, calificó la sentencia como una victoria teórica que choca con una realidad de “anarquía” de diez años. Para el dirigente, el contexto de crisis económica empuja a miles de personas a la ilegalidad, saturando el mercado con una oferta que el Estado no logra controlar.
El reciente fallo de la Justicia porteña que equipara a las aplicaciones de transporte con las empresas de servicios tradicionales fue recibido con una mezcla de validación jurídica y pesimismo práctico por el sector de los taxis. Marcelo Boeri, referente de la Asociación Civil Taxistas Unidos, analizó los alcances de la sentencia de la Sala II y advirtió que, aunque el tribunal “tira por la borda” la figura de las apps como meros mediadores tecnológicos para declararlas empresas de transporte, la aplicación efectiva de esta norma es una incógnita.
El fin de la “pantalla tecnológica” y la obligación de control
Boeri explicó que el litigio —una acción de clase iniciada en 2018 que involucró a taxistas, consumidores y al Gobierno de la Ciudad— logró que la Justicia reconozca que el transporte en auto particular solo tiene dos marcos legales en Buenos Aires: el taxi (público) y el remís (privado). Al encuadrar a las apps bajo estas figuras, el fallo insta al Ejecutivo porteño a cesar la promoción de actividades que no se adecuen a la normativa. “Básicamente, lo que hace el fallo es decirles que deben adecuarse a la regulación que tiene cada municipio en la materia”, señaló el dirigente, destacando que ahora el Gobierno de la Ciudad está obligado por ley a ejercer un control pertinente sobre quienes operan fuera de estos esquemas.
Crisis económica y desconfianza en el sistema
A pesar del éxito judicial, el testimonio de Boeri refleja una profunda desconfianza en que la realidad de las calles se transforme. “Esto parece una gran noticia, pero en los hechos, hace 10 años que estas empresas se defecan en regulaciones y leyes“, sentenció. El referente gremial subrayó que el contexto de “cuasi-estanflación” y pérdida del poder adquisitivo actúa como un motor de la ilegalidad: el ciudadano que pierde su trabajo encuentra en las aplicaciones una salida rápida pero irregular. Según sus cifras, existe una “sobreoferta saturada” de aproximadamente 400.000 autos compitiendo con el taxi sin cumplir los mismos requisitos, una situación que, a su criterio, difícilmente cambie por la simple firma de un juez si no hay una voluntad política de control exhaustivo.