El sector de la discapacidad volvió a tomar las calles este martes 22 de abril. Con un cese de actividades y una masiva movilización, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad lideró la protesta frente a la sede del Ministerio de Salud (Av. 9 de Julio y Belgrano) para exigir respuestas urgentes ante una crisis que, denuncian, ha dejado al sistema al borde del colapso.
Los ejes del conflicto
El reclamo de las organizaciones se centra en dos puntos fundamentales:
- Exigencia de cumplimiento de la Ley 27.793: La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y ratificada por el Poder Judicial, sigue sin aplicarse efectivamente por parte del Poder Ejecutivo.
- Rechazo al proyecto oficialista: El sector se opone a la iniciativa gubernamental que busca modificar la normativa vigente. Según referentes como Carlos Scipione (FATRADIS), el proyecto pretende “desregular” el sistema, lo que dejaría los aranceles de las prestaciones a merced de las obras sociales y prepagas, vulnerando el Nomenclador Nacional vigente desde 1997.
Una crisis que ya no puede esperar
Los testimonios de familias y profesionales durante la jornada dieron cuenta de una situación límite:
- Deudas impagas: El programa Incluir Salud mantiene deudas con prestadores desde octubre de 2025, lo que impide el pago de salarios, servicios y la compra de insumos.
- Falta de insumos básicos: Organizaciones como la Asociación de Electrodependientes denunciaron la falta de pañales, sondas, medicamentos y leche, esenciales para personas con internación domiciliaria.
- Precarización profesional: Muchos profesionales han abandonado sus puestos debido a aranceles desactualizados (congelados desde noviembre de 2024) que hacen insostenible la prestación del servicio.
- Riesgo de cierre: Centros de día, hogares y talleres protegidos advierten que, si no se normalizan los pagos y se actualizan los aranceles, se verán forzados a un cese definitivo de actividades.
“El déficit cero es mentira”
Durante la movilización, los manifestantes cuestionaron el argumento del Gobierno nacional, que justifica el recorte bajo la premisa de un supuesto “sistema fraudulento” en el otorgamiento de pensiones, sin haber presentado pruebas concretas.
“A las personas con internación domiciliaria, Incluir Salud no les está mandando pañales ni medicamentos. La situación es angustiante, no la podemos naturalizar”, señaló Mauro Stefanizzi, titular de la Asociación de Electrodependientes.
Por su parte, Marcela Gómez, madre de un paciente electrodependiente, graficó la crisis del sector: “Desde la semana pasada no encuentro una enfermera porque les pagan 3.000 pesos la hora. Es una pelea constante”.
Exigencias del colectivo
Los manifestantes fueron claros en sus peticiones para evitar la desarticulación total del sistema:
- Aplicación inmediata de la Ley de Emergencia 27.793.
- Actualización del Nomenclador Nacional para que los aranceles reflejen la realidad inflacionaria.
- Normalización de pagos de Incluir Salud y las obras sociales para sostener las prestaciones vigentes.
- Rechazo parlamentario al proyecto de ley enviado por el Gobierno que busca reemplazar la ley actual.
La movilización, que se replicó en ciudades como Mar del Plata y Córdoba, marca una escalada en el conflicto social de un sector que, tras meses de reclamos ante los ministerios de Economía y Salud, sostiene que la falta de respuestas constituye una violación sistemática de derechos humanos básicos.