Ante la creciente preocupación por amenazas de violencia en instituciones educativas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la puesta en marcha del “Protocolo de actuación para la protección y resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, brindó una conferencia de prensa donde dejó un mensaje claro: las amenazas no son bromas, sino delitos con consecuencias legales.
Acciones judiciales y allanamientos
El Ejecutivo porteño informó que, a raíz de las denuncias presentadas ante la Justicia, ya se han concretado tres allanamientos (uno de ellos fuera del territorio de la Ciudad). Además, se ha solicitado información a diversas plataformas digitales para identificar el origen de estas amenazas, muchas de las cuales estarían vinculadas a “retos virales” que utilizan la violencia como contenido para redes sociales.
“Si alguien cree que puede vulnerar la paz en una comunidad educativa y que no habrá consecuencias legales, se equivoca”, afirmó el jefe de Gobierno, tras asegurar que se reforzaron las medidas de supervisión en las escuelas.
Puntos clave del protocolo porteño
Aunque el documento fue redactado originalmente en noviembre de 2025, su implementación se ha vuelto prioritaria en el actual contexto de incertidumbre. El protocolo establece pautas estrictas para los equipos directivos y docentes:
- Seguridad ante todo: No se debe intervenir físicamente ni intentar requisar a la persona sospechosa. Se debe evitar toda situación de pánico.
- Separación preventiva: Si la situación lo permite, se debe separar al estudiante involucrado del resto de la comunidad, en un marco de cuidado y sin violencia.
- Intervención profesional: Ante cualquier sospecha fundada de un arma (de fuego, blanca o “impropia”), el personal debe llamar al 911 de inmediato. La manipulación de armas es competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad.
- Interés superior: Todas las actuaciones deben regirse por el principio de protección integral de los menores.
Comparativa con otras jurisdicciones
El fenómeno de las amenazas escolares ha llevado a varias provincias a revisar sus protocolos de actuación:
| Jurisdicción | Enfoque principal |
| CABA | Énfasis en la denuncia penal, intervención policial inmediata y resguardo institucional sin intervención física del docente. |
| Provincia de Buenos Aires | Protocolo centrado en la celeridad institucional y la cadena de mando entre inspecciones ante mensajes amenazantes. |
| Mendoza | Incluye medidas preventivas específicas como la prohibición temporal de ingreso con mochilas y la comunicación formal y controlada hacia las familias. |
A diferencia de otras jurisdicciones, el protocolo de la Ciudad se centra en la no intervención física directa del personal docente, priorizando el resguardo de la comunidad educativa y el contacto inmediato con las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para cada caso concreto.
El llamado a las familias
Las autoridades porteñas hicieron hincapié en la responsabilidad de los hogares. Gran parte de estas situaciones se originan en entornos digitales, donde las dinámicas de redes sociales convierten la violencia en un “contenido” para obtener visibilidad. El Gobierno instó a los padres a mantener un diálogo activo con sus hijos sobre las consecuencias de estas conductas en el ámbito escolar y personal.