La gestión de los residuos en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una crisis de eficiencia que combina un gasto sin precedentes con un deterioro visible del espacio público. Según los datos del Presupuesto 2026, el sistema de higiene urbana demandará una inversión de $1,09 billones, lo que representa un incremento nominal del 32% respecto al año anterior y consolida a la basura como uno de los contratos más onerosos de la administración porteña, absorbiendo cerca del 6% del gasto total de la Ciudad.
Esta disparidad entre los recursos invertidos y el estado de las calles ha generado una fuerte reacción de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). Su presidenta, Mariana Gagliardi, advirtió sobre la falta de control estatal y la opacidad en la gestión de las empresas prestatarias, señalando que el Estado ha pasado de planificar a simplemente “validar decisiones privadas”.
Un sistema tercerizado bajo la lupa
La recolección de residuos en la Ciudad está delegada en empresas privadas (como Ashira, Cliba, Aesa, entre otras), bajo contratos que fueron prorrogados hasta 2028. Sin embargo, los informes de la Auditoría revelan fallas críticas en la supervisión de estas concesiones:
- Información sin filtro: La AGCBA denuncia que el Gobierno suele validar datos producidos por las mismas empresas que debe controlar, sin indicadores de impacto independientes.
- Prórrogas cuestionadas: Se han detectado irregularidades en la extensión de los contratos, que en algunos casos se realizaron sin la fundamentación técnica adecuada para garantizar la ecuación económico-financiera.
- Ineficiencia operativa: A pesar del aumento presupuestario, la percepción vecinal y los informes técnicos coinciden en que la frecuencia y calidad del barrido y la limpieza de contenedores son deficientes.
La respuesta oficial: cambios en el organigrama y tecnología IA
Ante el reconocimiento del propio Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de que “la Ciudad no está todavía como quisiéramos”, el Ejecutivo ha implementado cambios drásticos para intentar revertir la situación en este 2026:
- Intervención directa: La Secretaría de Higiene Urbana fue desplazada de la órbita del Ministerio de Espacio Público para pasar a depender directamente de la Jefatura de Gabinete, con el fin de darle “mayor peso operativo”.
- Monitoreo con IA: Se anunció la instalación de 498 cámaras con Inteligencia Artificial en los camiones recolectores para detectar automáticamente basura fuera de los contenedores y verificar el cumplimiento de las rutas.
- Plan “Limpieza Plus”: Un nuevo equipo de 64 móviles destinados exclusivamente a operativos de limpieza profunda en zonas críticas identificadas como “focos de suciedad”.
“Cuando el Estado delega servicios pero no controla a las empresas, pasan estas cosas: más gasto y peor servicio”, sentenció Gagliardi.
La encrucijada para el 2026 será demostrar si el millonario presupuesto y las nuevas herramientas tecnológicas logran que el servicio que pagan los vecinos se refleje finalmente en una ciudad más limpia, o si el sistema continuará siendo un “barril sin fondo” de recursos públicos.