La difusión de imágenes y videos sobre el funcionamiento de un sector exclusivo con comodidades gastronómicas durante la misa que el Papa León XIV celebró el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles (Palermo) desató una fuerte controversia política y judicial que involucra tanto al Gobierno nacional como a la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

El contraste entre el mensaje pastoral de austeridad del Sumo Pontífice —y las condiciones de espera de fieles, adultos mayores y fuerzas de seguridad a la intemperie— frente a un recinto climatizado con atención personalizada generó repudio social y derivó en presentaciones en el Congreso y en los tribunales federales.

La admisión de Jorge Macri y el cruce por los invitados

Ante la repercusión pública, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, intentó justificar la existencia del espacio alegando exigencias protocolares para autoridades y trabajadores que debieron arribar con horas de antelación por los cortes de tránsito. Sin embargo, admitió excesos en el servicio de comida:

“Revisando todo lo que se hizo, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más: alcanzaba con agua y un café para la espera. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal”, declaró el mandatario porteño en entrevistas radiales.

No obstante, el reparto de responsabilidades sobre la lista de asistentes dejó expuestas fricciones entre ambas jurisdicciones:

  • El descargo de Nación: El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el Ejecutivo nacional solo cursó invitaciones institucionales a miembros del Gabinete, gobernadores, legisladores, autoridades judiciales y fuerzas armadas, deslindando la presencia de personalidades del espectáculo.
  • El cupo de la Ciudad: Según registros periodísticos, el Gobierno porteño administró un cupo propio de 250 invitaciones especiales, entre las que figuraron exfuncionarios como Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, empresarios, dueños de medios y celebridades (como Valeria Mazza, Carolina “Pampita” Ardohain, Florencia de la V, Claudia Villafañe y Zulema Menem, entre otros).

Contrataciones directas y denuncia penal en la Justicia

Más allá del debate simbólico, el eje de la investigación apunta al manejo de los fondos públicos destinados a la logística del evento, ejecutados a través de la Jefatura de Gabinete de la Nación (a cargo de Diego Santilli) mediante el expediente 79-0012-CDI26.

De acuerdo con los pliegos administrativos y verificaciones periodísticas:

  • Adjudicación millonaria: La producción integral de la misa fue adjudicada de forma directa —bajo la figura de “compulsa abreviada por urgencia”, pese a que la visita se conocía con meses de anticipación— a la firma DF Entertainment SA por un monto de $8.690 millones.
  • Costo total del operativo: Sumando el equipamiento energético, vallados, sonido, pantallas LED y la logística de la Vigilia de los Jóvenes, el desembolso estatal superó los $20.350 millones.
  • Infraestructura de lujo: Los pliegos contemplaban un sector reservado para 3.500 personas y una carpa especial de 30 por 40 metros (capacidad para 250 asistentes) equipada con alfombras, aire acondicionado, sanitarios exclusivos y servicio de catering.

La acusación de Marcela Pagano

La diputada nacional Marcela Pagano (bloque Coherencia) formalizó una denuncia penal para investigar las contrataciones de DF Entertainment, Tech Security y Purgato —firmas a las que vinculó con integrantes de la familia Menem— y salió al cruce de Jorge Macri en redes sociales.

La legisladora acusó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a la organizadora de eventos Mara Gorini de haber presionado al jefe de Gobierno porteño para direccionar contratos de seguridad y limpieza hacia empresas allegadas al oficialismo nacional, comparando el episodio con el escándalo de la “Fiesta de Olivos” por la disparidad de trato hacia la ciudadanía y los efectivos policiales desplegados en el operativo. En paralelo, bloques opositores en la Cámara de Diputados impulsan pedidos de interpelación contra Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.