La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será escenario este martes de una audiencia pública para abordar las crecientes denuncias por violencia institucional, discriminación y persecución en barrios populares tras el despliegue del operativo «Tormenta Negra». El encuentro, previsto para las 17:00 en el Salón Perón del Palacio Legislativo, busca convocar a vecinos afectados, organismos de derechos humanos y representantes de la comunidad educativa y social.
La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional —presidida por el diputado Alejandro «Pitu» Salvatierra— y la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, a cargo del legislador Andrés La Blunda. La reunión pretende constituir un canal institucional directo para recibir testimonios y relevar los incidentes ocurridos durante las recientes intervenciones simultáneas en 15 villas de la Capital Federal.
Organismos de derechos humanos y vecinos buscan coordinar respuestas institucionales
La audiencia pública contará con la participación de referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. Estas instituciones vienen acompañando los reclamos territoriales por el accionar de las fuerzas de seguridad porteñas en los sectores más vulnerables del distrito.
El objetivo central de la jornada es documentar los excesos denunciados por las comunidades —entre los que se incluyen detenciones sin orden judicial, secuestro de herramientas de trabajo y agresiones en la vía pública— y articular mecanismos normativos de control sobre la gestión del espacio público y la seguridad en el ámbito porteño.
El trasfondo del conflicto en los barrios populares
La convocatoria se produce en un clima de alta tensión política tras las declaraciones del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien defendió la legitimidad de los procedimientos masivos argumentando la necesidad de restaurar el orden y combatir el delito en la Ciudad.
En contraposición, organizaciones barriales y dirigentes de la oposición advierten que la estrategia de saturación policial vulnera derechos fundamentales de las familias humildes, profundizando la estigmatización y la violencia estatal hacia los habitantes del sur porteño.