Bajo la premisa de que el endeudamiento en Argentina ha dejado de ser una herramienta de progreso para convertirse en un mecanismo de supervivencia, la Fundación Alameda —histórica organización de Parque Avellaneda— lanzó una propuesta legislativa ambiciosa. El proyecto surge como respuesta a datos alarmantes: el 91% de los hogares convive con deudas y el 58% del financiamiento con tarjetas de crédito se destina exclusivamente a la compra de alimentos. Según la organización, el país enfrenta una “mora de subsistencia” donde el incumplimiento no es negligencia, sino la consecuencia de una pérdida histórica del poder adquisitivo frente a los aumentos en servicios y combustibles.
Radiografía del colapso: 4,8 millones de argentinos en “muerte civil”
El fundamento del proyecto se apoya en un informe del Instituto Argentina Grande que revela una emergencia humanitaria y financiera. Actualmente, casi cinco millones de personas sufren atrasos superiores a los tres meses, quedando excluidas del sistema formal. El fenómeno afecta especialmente a dos extremos vulnerables: los jóvenes de entre 15 y 24 años, que son expulsados del sistema antes de iniciar su vida laboral plena, y los jubilados, víctimas del ajuste. La Alameda advierte que este vacío regulatorio ha sido ocupado por la “usura tecnológica” de las fintechs, con tasas que superan el 400% anual, y, en los barrios populares, por el narcotráfico, que actúa como prestamista de última instancia ante la ausencia de crédito legal.
Condonación y reestructuración: El plan para reactivar el mercado interno
La propuesta legislativa divide a los deudores en dos grandes grupos para aplicar un “acto de reparación histórica” similar a las nacionalizaciones de deuda que el Estado ha realizado con grandes grupos económicos en el pasado:
- Grupo I (Condonación Total): Familias con ingresos inferiores a $1.400.000 (bajo la línea de pobreza). Se propone la condonación del 100% de capital e intereses de deudas de subsistencia.
- Grupo II (Alivio y Reestructuración): Para ingresos de hasta $3.000.000. Se plantea la quita total de intereses punitorios y planes de pago de hasta 120 meses con tasas subsidiadas, junto con la exclusión inmediata del Veraz.
El proyecto propone que el rescate sea financiado mediante esquemas de quitas compartidas y compensaciones a acreedores vía títulos públicos. Según Gustavo Vera, no se trata de una dádiva, sino de una necesidad económica para reintegrar a millones de personas al consumo y frenar la descomposición social que ya se traduce en un aumento de la violencia intrafamiliar y crisis de salud pública.