La persistente resistencia de los vecinos de Liniers logró torcerle el brazo al Poder Ejecutivo de la Ciudad. A través de una resolución oficial, el Gobierno porteño dejó sin efecto el Permiso de Uso Precario y Oneroso que le otorgaba a una empresa privada la explotación comercial de un sector del Polideportivo Santojanni (Patrón 6222).
La marcha atrás de la administración estatal se notificó formalmente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 22. Con esta decisión, el predio deberá ser restituido a la brevedad para garantizar su destino original: el deporte gratuito y el uso público abierto a toda la comunidad.
La trastienda de un negocio que duró pocos meses
El conflicto se originó el 1º de diciembre de 2025, cuando la Dirección General de Concesiones y Permisos —a solicitud del secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes— firmó un contrato con la firma Trixma S.R.L. El convenio le cedía a la empresa un sector del polideportivo para la construcción y explotación comercial de cinco canchas de pádel.
A diferencia del resto de las disciplinas gratuitas que ofrece el Santojanni, este acuerdo (que tenía vigencia hasta noviembre de 2030) habilitaba a la empresa privada a cobrar un alquiler de forma particular a quienes quisieran utilizar las instalaciones.
La respuesta barrial no se hizo esperar. Apenas se inició la “cementización” de las parcelas de césped a fines del año pasado, el colectivo vecinal de la Comuna 9 comenzó un plan de lucha que incluyó:
- Abrazos simbólicos al polideportivo.
- Festivales culturales y volanteadas de concientización.
- “Semaforazos” en las principales avenidas del barrio.
- La presentación de un recurso de amparo ambiental ante la Justicia.
El revés judicial que precipitó el final del convenio
La punta de lanza que obligó al Ejecutivo a retroceder fue un fallo de la jueza María Rosa Cilurzo. El pasado 13 de mayo, la magistrada dictó una medida precautelar ordenando la suspensión inmediata de las obras debido a las irregularidades detectadas en la cesión.
En dicha resolución, la Justicia le otorgó al Gobierno un plazo de cinco días hábiles para presentar informes sobre el impacto ambiental del proyecto, manifestando especial preocupación por la reducción del arbolado público y del suelo absorbente.
La decisión del Ejecutivo: Ante la imposibilidad de justificar técnicamente el impacto ambiental y enfrentar un escenario judicial adverso, el Gobierno porteño optó por rescindir el contrato de manera definitiva.
En la nueva disposición, la Ciudad intimó formalmente a Trixma S.R.L. a “restituir el espacio mencionado libre de ocupantes y/o bienes, dentro del plazo de diez días hábiles”, bajo apercibimiento de iniciar un procedimiento de desalojo administrativo mediante la fuerza pública.
Festejos en las calles y en las redes
La noticia fue recibida con profunda emoción por los vecinos y agrupaciones comunales que sostuvieron el reclamo durante casi medio año. Las redes sociales locales se inundaron rápidamente de mensajes de júbilo celebrando el logro colectivo.
“Ganamos, recuperamos el poli para el barrio y su gente”, “¡Aguanten los vecinos, el poli es de todos!” y “Luchar sirve”, fueron algunas de las consignas más repetidas en las publicaciones que celebraron la firma del decreto que devolvió la totalidad del Santojanni a la esfera pública.