La crisis de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires sumó un diagnóstico alarmante. El Ministerio Público de la Defensa (MPD CABA) y la Defensoría del Pueblo porteña emitieron un duro documento conjunto en el que denuncian la escala, velocidad y el cambio de estrategia con el que el Gobierno de la Ciudad (GCBA) impulsa los desalojos, afectando de manera directa a los sectores de menores recursos y sin ofrecer políticas de vivienda adecuadas.
Según el relevamiento de ambos organismos gubernamentales, las intervenciones estatales para desocupar inmuebles experimentaron un salto drástico en los últimos dos años y medio: entre enero de 2024 y marzo de 2026, un total de 4.482 personas fueron desalojadas en territorio porteño, incluyendo a 1.409 niños, niñas y adolescentes.
Las estadísticas muestran una curva en pleno ascenso. El año 2025 cerró con un incremento del 26% en la cantidad de personas desplazadas respecto a 2024. Los técnicos advierten que, si se mantiene la tendencia proyectada para el primer trimestre, el 2026 terminará registrando la cifra de desalojos más alta de todo el período.
El giro cualitativo: el auge del “desalojo administrativo”
Más allá del aumento numérico, el informe enciende las alarmas por un cambio de modalidad jurídica. Históricamente, la gran mayoría de las desocupaciones se realizaban por vía penal o civil con la orden de un juez. Sin embargo, el GCBA comenzó a utilizar con fuerza las clausuras por riesgo de derrumbe para ejecutar desalojos directos desde el Poder Ejecutivo.
- En 2024: El 98% de los desalojos del territorio porteño requirieron una orden judicial previa.
- En el primer bimestre de 2026: Los desalojos administrativos —ejecutados directamente por la fuerza pública de la Ciudad— escalaron al 58% del total, superando por primera vez a los judiciales. De ese porcentaje, el 52% se justificó bajo decretos de clausura edilicia.
Esta modalidad acelerada se ampara en el artículo 12 del Decreto Nº 1510/97 (Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA). Esta normativa es una excepción legal excepcional: el Estado solo puede saltarse la autorización de un juez si existe un riesgo de colapso estructural inminente e inaplazable.
No obstante, los organismos defensores sembraron sospechas sobre la rigurosidad técnica de los operativos: detectaron que, durante 2026, la propia Jefatura de Gabinete de la Ciudad instó políticamente a realizar las inspecciones en el 33% de los casos, cuando el mecanismo debería responder estrictamente a emergencias e informes técnicos de ingenieros, y no a directivas de coordinación política.
Geografía del desalojo y deficiencias en la asistencia
La política de vaciamiento se encuentra fuertemente focalizada en la población vulnerable que habita en hoteles familiares, pensiones, inquilinatos y conventillos, concentrados mayoritariamente en el área sur y central de la Capital:
- Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución).
- Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal).
- Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya).
La crítica a la contención social: El informe califica como “deficiente e inadecuada” la respuesta de la administración porteña ante las familias que quedan en la calle. El GCBA ofrece a los desalojados las mismas herramientas saturadas que utiliza para las personas en situación de calle crónica: el ingreso a los paradores (Centros de Inclusión Social) o el subsidio habitacional.
Si bien el 80% de los afectados logró cobrar al menos una cuota de dicho subsidio, los organismos señalan que la falta de actualización por inflación de los montos pone en riesgo la permanencia de las familias en un techo formal. Asimismo, criticaron la “improvisación estatal”, materializada en la inexistencia de un protocolo único y regulado y en la falta de un área que centralice a los ministerios intervinientes.
El reclamo de los organismos
Ante la gravedad del diagnóstico, el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo le exigieron formalmente al Gobierno de la Ciudad el cumplimiento de dos puntos urgentes:
- Mesa de articulación: Convocar de manera inmediata a un espacio de trabajo interinstitucional para unificar, sistematizar y monitorear de forma transparente cada proceso de desalojo en curso.
- Protocolo único: Redactar y aprobar normativamente un protocolo de actuación con parámetros uniformes que garantice los derechos constitucionales de los afectados, blindando especialmente el cuidado de los menores de edad y los grupos con alta vulnerabilidad.