El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó un masivo procedimiento de seguridad y control urbano denominado «Tormenta Negra», el cual abarcó simultáneamente a 15 villas y barrios populares porteños. La medida contó con la participación de más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad junto a personal de la Agencia Gubernamental de Control, Bomberos y diversas áreas operativas, generando fuertes repercusiones tanto en el ámbito político como entre los residentes de las zonas intervenidas.
El despliegue incluyó severas inspecciones de comercios, remoción de vehículos abandonados, clausura de emprendimientos sin habilitación y controles sobre construcciones informales. Entre los sectores alcanzados se encuentran la Villa 31, Villa 21-24, La Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Barrio Mitre, Ciudad Oculta, Villa 20, INTA, Bermejo, 1-11-14, Cildáñez, Los Piletones y Fátima.
El balance oficial del Ejecutivo porteño
Desde la administración encabezada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendieron la magnitud del procedimiento remarcando que se busca «recuperar el orden y el espacio público» en todos los sectores de la Capital Federal. Según reportes oficiales, la intervención dejó un saldo de 17 personas detenidas por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, robos y pedidos de captura previos, además del secuestro de 192 vehículos y la clausura de 12 locales comerciales por fallas de seguridad e higiene.
El Jefe de Gobierno enfatizó que la ley debe aplicarse de manera uniforme en todo el territorio porteño, destacando los avances en la clausura de corralones no autorizados y el retiro de chatarra en la Villa 31. Asimismo, desde el Ministerio de Seguridad porteño señalaron que este tipo de operativos de saturación se complementan con controles de tránsito en los accesos limítrofes con la provincia de Buenos Aires y en grandes centros de trasbordo de pasajeros.
Denuncias por represión y fuerte rechazo de las organizaciones sociales
La irrupción policial y el accionar de los inspectores desataron duras críticas por parte de vecinos, movimientos sociales y dirigentes de la oposición. Desde las distintas barriadas denunciaron el uso desmedido de la fuerza, agresiones con balas de goma, secuestro de herramientas de trabajo y la detención arbitraria de residentes y trabajadores de la economía popular.
Diversos referentes territoriales y legisladores calificaron la medida como una «criminalización de la pobreza» orientada al impacto mediático. Agrupaciones de derechos humanos y coordinadoras por la vivienda digna advirtieron que estas intervenciones masivas generan un clima de zozobra e inseguridad en las comunidades vulnerables, afectando el entramado comercial y social cotidiano de los barrios involucrados.
Desde la Coordinadora Contra los Desalojos y por la Vivienda, en conjunto con agrupaciones como el Movimiento de Villas y Barrios Populares, publicaron un texto compartido en las redes sociales en el que repudiaron el accionar del gobierno porteño y convocaron a la comunidad de los barrios populares.
Puntos clave del comunicado:
- Denuncia de violencia institucional y persecución:
- Señalan un accionar brutal por parte de la Policía de la Ciudad bajo la gestión de Jorge Macri.
- Acusan medidas de militarización, persecución y desalojos dirigidos a familias, trabajadores informales y personas en situación de calle.
- Barrios y villas afectados:
- Mencionan intervenciones en La Carbonilla, Villa 31, Barrio Mitre, Villa 20, Playón de Chacarita, Villa 21/24 (Barracas) y Zavaleta.
- Crítica general a la gestión gubernamental:
- Sostienen que el gobierno acciona en contra de los sectores populares, incluyendo vendedores ambulantes, jubilados, docentes y organizaciones sociales.
- Convocatoria a la organización y solidaridad:
- Llaman a la unidad de los vecinos bajo las consignas “Si nos tocan a unx nos tocan a todxs” y “La organización es el camino contra todos los desalojos”, haciendo referencia a movilizaciones previas como la “Marcha de la Bronca”.