El juez Hugo Decaría dictó el procesamiento del oficial Darián Gastón Miño por el homicidio de Juan Gabriel González, ocurrido en Navidad. El fallo desmorona la “historia oficial” de la Policía de la Ciudad y abre una investigación por encubrimiento contra otros cinco efectivos.
La justicia porteña dio un paso determinante en la causa que investiga la muerte de Juan Gabriel González (45), asesinado el pasado 25 de diciembre en la Villa 20 de Villa Lugano. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 20, Hugo Decaría, procesó con prisión preventiva al oficial primero Darián Gastón Miño, bajo el cargo de homicidio agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
Además de la detención, el magistrado dictó un embargo preventivo sobre los bienes de Miño por la suma de 110 millones de pesos.
El quiebre del relato policial
En las horas posteriores al crimen, la versión oficial de la Policía de la Ciudad intentó presentar el hecho como una “pelea entre vecinos” donde la víctima había sido herida con un arma blanca. Bajo este relato, la fuerza detuvo a la pareja de González, a su hijo y a un amigo, acusándolos de “homicidio en riña”.
Sin embargo, el fallo judicial fue contundente al sobreseer a los tres familiares y desvincularlos de cualquier delito. Las pruebas —especialmente los videos filmados por los vecinos— demostraron que González estaba descalzo, sin remera y desarmado cuando Miño bajó de un patrullero y le disparó con una escopeta Benelli a menos de cinco metros de distancia.
Los detalles de la autopsia
La pericia forense resultó clave para desmentir la herida de arma blanca mencionada en las actas policiales:
- Causa de muerte: Hemorragias internas provocadas por perdigones metálicos en el tórax y abdomen.
- Evidencia: Se recuperó el “taco” del cartucho dentro del estómago de la víctima y se hallaron 9 postas metálicas esparcidas entre sus órganos.
- Distancia: El orificio de entrada, de 14 centímetros de diámetro, confirmó que el disparo fue a quemarropa.
“No hubo legítima defensa”
Durante su indagatoria, Miño intentó alegar que disparó “para asustar” a la víctima y que González estaba “fuera de sí”. El juez rechazó estos argumentos de plano, señalando que Miño es un oficial entrenado (con pasado en el Ejército) que conocía perfectamente la letalidad de su arma a esa distancia.
“No fue víctima de una agresión ilegítima… resolvió la cuestión en poco más de una decena de segundos”, sentenció el magistrado, descartando cualquier tipo de exceso o legítima defensa.
Investigación por encubrimiento
El escándalo escala ahora hacia el resto del personal presente en el operativo. El fiscal Edgardo Orfila imputó a otros cinco oficiales (Vanesa Valentini, Brandon Alfonso, Joel Riquelme, Evelyn Goncebat y Guillermo Ucedo) por:
- Falsedad ideológica: Afirmar mentiras en las actas de detención.
- Encubrimiento: Ayudar a Miño a eludir la investigación.
- Alteración de pruebas: Impedir el trabajo inmediato de los peritos en el lugar del hecho.
Desde la CORREPI, organización que representa a la familia, celebraron el procesamiento pero advirtieron que este tipo de prácticas buscan instalar la impunidad mediante la “historia oficial”. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad porteño pasó a disponibilidad al oficial Miño y mantiene abierto un sumario administrativo.