El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que apelará de forma inmediata la medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, la cual paraliza los desalojos administrativos, clausuras materiales y tapiados de inmuebles porteños en casos de riesgo edilicio.
La resolución judicial exige al Ejecutivo local que, antes de avanzar con cualquier procedimiento de este tipo, garantice un piso mínimo de condiciones técnicas, sociales y habitacionales para las familias afectadas. Tras conocerse el fallo, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo categórico y ratificar el rumbo de su gestión.
“Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada. Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película. Ley y orden”, sostuvo el mandatario en la red X.
El origen del conflicto judicial
El fallo se dio en el marco de la causa “De Morais, Oscar Antonio y otros contra GCBA sobre Amparo – Habitacionales”, iniciada originalmente por el tapiado de una vivienda en la avenida Montes de Oca al 1700. La acción tomó carácter de amparo colectivo tras la intervención de la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad y los legisladores opositores Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra.
Desde el arco político impulsor de la medida, la legisladora Victoria Freire defendió la resolución y argumentó que la Justicia le puso un freno a una práctica que dejaba a familias enteras —con una alta proporción de niños y niñas— en situación de vulnerabilidad extrema.
Según la legisladora, a partir de ahora el GCBA deberá:
- Dar intervención obligatoria a la Justicia en cada procedimiento.
- Garantizar soluciones habitacionales transitorias que sean efectivas e inmediatas.
- Evitar que las personas queden en situación de calle bajo la justificación de “riesgo edilicio”.
El balance oficial y los antecedentes en la mira
Desde la administración local defienden la legalidad de los operativos y argumentan que se trabaja de forma coordinada con la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio (que certifica los riesgos estructurales), la Red de Atención y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Según datos de la jefatura de Gobierno, en lo que va de la actual gestión ya se recuperaron más de 840 propiedades. Como antecedente inmediato, las fuentes oficiales recordaron el masivo operativo en el barrio de Villa Mitre, donde se desalojaron cinco propiedades ocupadas ilegalmente desde el año 2000, un procedimiento que culminó con cuatro detenidos y la restitución de los bienes a sus dueños originales.
Con la apelación en marcha, el conflicto se traslada ahora a las cámaras de segunda instancia, abriendo un nuevo capítulo en el profundo debate político y judicial sobre el derecho a la propiedad privada y el acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.