En una sesión clave para la gestión de Jorge Macri, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por 36 votos a favor una profunda reforma al Código Contravencional que endurece drásticamente las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios no autorizados. La iniciativa, que ahora es la Ley 6961, introduce penas de prisión efectiva y multas severas, eliminando el antiguo esquema que solo contemplaba sanciones económicas de difícil cobro.
“Si sos trapito, te meto preso”, sintetizó con dureza el Jefe de Gobierno a través de sus redes sociales. “Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Con los delincuentes, tolerancia cero”, enfatizó.
Según datos oficiales del Ejecutivo porteño, entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas a esta actividad, lo que aceleró la necesidad de buscar herramientas legales más punitivas.
Las nuevas penas y el cerco a los eventos masivos
El nuevo marco legal establece una escala de sanciones que varía según la gravedad y el contexto de la contravención:
- Actividad general: De 10 a 30 días de arresto para quienes operen de manera individual.
- Eventos masivos: Las penas se elevan de 20 a 50 días de detención, apuntando a las organizaciones que operan en los alrededores de estadios y recitales.
- Líderes y organizadores: Quienes promuevan o coordinen estas redes mafiosas recibirán hasta 60 días de arresto. Las penas podrán duplicarse si se constata violencia, intimidación o el uso de menores.
Controles severos en recitales y partidos de fútbol
Para combatir las extorsiones en espectáculos de alta concurrencia, la ley extiende el radio de exclusión a 50 cuadras a la redonda del lugar del evento. Además, los controles policiales comenzarán seis horas antes de que inicie el espectáculo y se mantendrán hasta tres horas después de finalizado.
La norma también va contra los cómplices: los clubes, instituciones u organizadores que participen directa o indirectamente de estas prácticas recibirán clausuras de hasta 90 días y multas de hasta 20.000 unidades fijas. Asimismo, se facultó al Estado local a inhabilitar por hasta dos años el acceso a programas sociales a quienes actúen dentro de estas estructuras organizadas.