La tensión entre los trabajadores del subterráneo y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo judicial. A través de un comunicado firmado por Claudio Dellecarbonara, Secretario Ejecutivo de la AGTSyP, el sindicato denunció una “pretensión descabellada” por parte de la fiscal Celsa Ramírez, la empresa concesionaria Emova y la gestión de Jorge Macri, al impulsar una causa penal que califica las medidas de fuerza gremiales como acciones de una “banda de delincuentes”.
Desde el gremio sostienen que las medidas de fuerza fueron votadas colectivamente y se encuentran amparadas por el derecho constitucional y la Ley de Asociaciones Sindicales. Por este motivo, han solicitado la nulidad de las notificaciones y la recusación de la fiscal Ramírez, alegando graves irregularidades procesales.
Para los “Metrodelegados”, esta ofensiva judicial no es un hecho aislado, sino parte de una política “antiobrera” que busca disciplinar a las organizaciones que resisten los planes de ajuste. En el texto, destacan los logros históricos del sindicato que, según denuncian, el Gobierno busca atacar:
- Jornada laboral: La defensa de las 6 horas de trabajo y la estabilidad laboral.
- Lucha contra el asbesto: La batalla por el retiro de este material cancerígeno que afecta a trabajadores y usuarios.
- Denuncia de infraestructura: Las alertas constantes sobre trenes y vías obsoletos que, según el gremio, convierten al servicio en una “bomba de tiempo”.
“Quieren acallar a quienes denunciamos que el transporte público debería dejar de ser un negocio para una empresa privada porque es un derecho”, afirma el comunicado.
El rol de la fiscal Celsa Ramírez
El sindicato dirigió duras críticas hacia la fiscal de Primera Instancia, vinculándola directamente con los intereses políticos del oficialismo porteño. Recordaron un antecedente de 2018, cuando Ramírez imputó a siete trabajadores bajo la misma figura de “asociación ilícita” durante un conflicto salarial. En aquella oportunidad, el juez Tavosnaska dictó el sobreseimiento al considerar que se trataba de un conflicto sindical y no de un delito penal.
Estado de alerta y convocatoria a la unidad
Ante lo que consideran una “maniobra de amedrentamiento”, la AGTSyP se declaró en estado de alerta. El gremio hizo un llamado a la solidaridad de otros sectores en lucha para frenar lo que definen como un mensaje político represivo.
“Solo la más amplia unidad con sectores como salud, educación y transporte nos permitirá frenar estos ataques que buscan disciplinarnos”, concluye el documento de la asociación gremial.