En enero de 2026, una familia tipo que reside en la Ciudad de Buenos Aires requirió ingresos mensuales superiores a $1.396.660 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y mantenerse por encima de la línea de pobreza, mientras que para sostener un nivel de vida de clase media, el hogar debió percibir más de $2.201.157. Así lo confirmó el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA), que actualizó los umbrales que definen la realidad socioeconómica de los hogares porteños en el primer mes del año.
El cálculo oficial toma como modelo de referencia a un hogar integrado por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de su vivienda, junto a dos hijos de 9 y 6 años. Para este grupo familiar, el informe estableció que la línea de indigencia —definida por el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)— se ubicó en $767.413. Por debajo de este monto, los hogares no logran cubrir sus necesidades nutricionales básicas, mientras que aquellos que superan este valor pero no alcanzan el costo de la CBT son considerados pobres no indigentes.
El organismo porteño también aplica una metodología que diferencia los estratos medios de acuerdo con su capacidad de consumo. Se establece una categoría de sectores medios “frágiles”, que son aquellos que logran cubrir la canasta total pero no superan en más de un 25% dicho monto. La “clase media” consolidada, en tanto, comienza a partir de los $2.201.157 y se extiende hasta un límite superior cercano a los $7 millones mensuales, cifra a partir de la cual el reporte marca el inicio de los sectores acomodados.
Los datos de enero reflejan que residir en la Ciudad de Buenos Aires implica uno de los costos de vida más elevados del país, condicionado por un patrón de consumo específico y la constante presión de la inflación sobre los bienes y servicios esenciales. La actualización mensual de estas cifras no solo funciona como un indicador del pulso económico local, sino que es utilizada como referencia fundamental para el diseño de políticas públicas orientadas a la protección social y el seguimiento de la equidad urbana, en un contexto donde los sectores vulnerables y los segmentos medios más bajos permanecen altamente expuestos ante cualquier deterioro en sus ingresos.