A través del Decreto N.º 5/26, el GCBA ordenó la desocupación de una vivienda en la Manzana 4 para avanzar con la apertura de calles. Organizaciones sociales denuncian que se trató de un operativo ilegal y violento realizado de madrugada, ignorando fallos judiciales previos.
La urbanización del Barrio Rodrigo Bueno, en la Costanera Sur, atraviesa uno de sus momentos más tensos. El pasado viernes 9 de enero, el Gobierno de la Ciudad oficializó la desocupación inmediata de una unidad anexa en la Manzana 4, argumentando la necesidad de liberar espacio para la traza de las calles Bartolina Sisa y Micaela Bastidas. Sin embargo, el operativo ha desatado una fuerte polémica legal y social.
Los argumentos del Ejecutivo: “Espacio público invadido”
Según el decreto firmado por Jorge Macri, la construcción en cuestión se expandió sin autorización sobre un área reservada para uso público, afectando 161 m² de vereda y 72 m² de calzada. El Gobierno sostiene que:
- Obra pública: La vivienda impide completar las redes de agua, cloacas y pavimento del plan “Borde Costero”.
- Antecedentes: Existía un acuerdo conciliatorio de abril de 2025 que los ocupantes no habrían cumplido.
- Seguridad vial: La ocupación irregular generaría riesgos para la circulación peatonal y vehicular en el barrio histórico.
La denuncia de las organizaciones: “Un atajo ilegal”
El Observatorio del Derecho a la Ciudad, encabezado por Jonatan Baldiviezo, denunció que este operativo representa un grave atropello institucional. Según la organización:
- Evadir a la Justicia: Aseguran que el Gobierno solicitó el desalojo judicialmente y los jueces se lo rechazaron. Por ello, habrían utilizado un “decreto administrativo” para pasar por encima del Poder Judicial.
- Uso indebido de leyes: Denuncian que se aplicó una normativa destinada a “parques públicos” para desalojar familias en un Barrio Popular protegido por la Ley Nacional 27.453 (RENABAP) y leyes locales de urbanización.
- Violencia en el operativo: El desalojo se habría producido de madrugada, con la intervención de 50 efectivos de infantería, algo que contraviene protocolos internacionales de derechos humanos.
Modus Operandi bajo la lupa
Para el Observatorio y otros referentes sociales, este caso replica lo sucedido recientemente en San Telmo. Sostienen que el GCBA está implementando un sistema de “desalojos administrativos” para expulsar familias sin ofrecer la solución habitacional definitiva que las propias leyes de urbanización obligan a garantizar.
Mientras el Gobierno asegura que el inmueble será puesto bajo la órbita de la Dirección General de Administración de Bienes para permitir la conectividad del barrio, la familia afectada denuncia haber sido tratada como criminal y quedar en situación de calle en medio de un proceso que debería ser de “integración social”.