Vecinos y organizaciones sociales denuncian que el Gobierno de Jorge Macri utiliza un “atajo legal” para expulsar familias de barrios populares sin orden judicial. Aseguran que se aplican normativas de parques públicos para zonas protegidas por leyes de reurbanización.
Un nuevo conflicto habitacional pone en el centro de la escena la gestión del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez, el foco está en el Barrio Rodrigo Bueno (Costanera Sur), donde familias denuncian intentos de desalojo ejecutados mediante decretos administrativos, una maniobra que permitiría al Ejecutivo porteño avanzar sin necesidad de una sentencia firmada por un juez.
El “atajo” del decreto: parques vs. viviendas
Según la denuncia, el modus operandi del Gobierno porteño consiste en aplicar leyes diseñadas originalmente para la recuperación de “parques y espacios verdes públicos” a zonas habitacionales consolidadas.
Al catalogar administrativamente estas viviendas como “ocupaciones en predios públicos”, la Ciudad evita el proceso judicial tradicional (que suele exigir una solución habitacional previa) y procede al desalojo directo mediante el uso de la fuerza pública o la intimación administrativa.
Un conflicto de leyes: la protección de los barrios populares
Los abogados de las familias afectadas señalan que esta medida ignora un entramado legal jerárquicamente superior:
- Ley Nacional de Barrios Populares (27.453): Prohíbe expresamente los desalojos en barrios registrados en el RENABAP.
- Leyes de Urbanización propias de la Ciudad: Existen normativas específicas para la Rodrigo Bueno que obligan a la integración social y urbana antes que a la expulsión.
- Déficit habitacional: La denuncia subraya que estos operativos se realizan “sin ofrecer una solución habitacional real”, dejando a las familias en situación de calle.
Antecedentes y paralelismos
Este conflicto en la Rodrigo Bueno no es un hecho aislado. Organizaciones territoriales marcan un paralelismo con lo ocurrido recientemente en San Telmo, donde también se denunciaron desalojos bajo figuras administrativas.
La administración de Jorge Macri, que ha hecho del “orden” y la “recuperación del espacio público” sus banderas de gestión —alcanzando ya las 553 propiedades recuperadas según cifras oficiales—, se enfrenta ahora a un cuestionamiento por la legalidad de sus métodos en sectores vulnerables.
El clima en el barrio
Mientras el Gobierno sostiene que se trata de liberar trazas necesarias para obras de urbanización o mantenimiento del espacio público, los vecinos se mantienen en alerta. El principal temor es que el uso de decretos se convierta en la norma para desmantelar sectores de barrios populares que aún no han sido formalmente urbanizados.