Pese a su alineamiento político con el Gobierno de Javier Milei, el Jefe de Gobierno porteño endureció el reclamo por los fondos retenidos. La deuda acumulada y la ralentización de los pagos semanales tensan la relación con la Casa Rosada.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a poner en agenda el conflicto por la coparticipación federal, una disputa que arrastra años de litigio judicial y que hoy suma un nuevo capítulo de tensión financiera. Aunque Macri intentó mostrarse conciliador para evitar “romper lanzas” con el Presidente, fue tajante al afirmar que la Ciudad no renunciará a sus recursos.
Los números del conflicto
El reclamo de la Ciudad se divide en dos grandes frentes:
- La deuda histórica: Los fondos no girados durante la gestión de Alberto Fernández, que Macri estima en 5.000 millones de dólares. “Son casi tres líneas de subte y me sobra”, graficó para dimensionar la pérdida de inversión en infraestructura.+1
- La deuda reciente: Un remanente de 370.000 millones de pesos generado por la demora en las transferencias semanales del 1,55% que la Nación debe girar de forma automática.
Cronología de una transferencia interrumpida
Según el alcalde porteño, el ritmo de pagos acordado con el ministro de Economía, Luis Caputo, funcionó correctamente hasta agosto pasado. Sin embargo, desde ese mes los giros comenzaron a ralentizarse, acumulando 300 millones de dólares adicionales en deudas corrientes.
La Corte Suprema como última instancia
Jorge Macri recordó que existe una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que obliga a la Nación a cumplir con el pago del coeficiente del 2,95% (del cual el 1,55% es la parte en disputa inmediata).
“La Ciudad tiene derecho a esos recursos, lo ha dicho la Corte. Voy a tratar de no tener que volver a la Justicia, pero la opción de la Corte no se me agota”, advirtió el mandatario.+1
El factor político
El respaldo de Macri a las políticas generales del Gobierno Nacional es evidente, pero la presión interna por el presupuesto porteño —especialmente tras el fallido debate en el Congreso— obliga al Ejecutivo de la Ciudad a exigir previsibilidad. El objetivo es lograr un acuerdo técnico que evite la parálisis de obras públicas clave en el distrito capitalino.