En un escenario político complejo y de mucha tensión técnica. La caída del capítulo 11 representa un doble revés: para el Gobierno Nacional, que pierde herramientas de ajuste fiscal que consideraba clave, y para la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que ve cómo se dilata una vez más el cobro de una deuda histórica.

El rechazo no se debió necesariamente a una negativa de los diputados a pagarle a la Ciudad, sino a la estrategia legislativa de “paquete cerrado”:

Las razones:

  • Mezcla de temas: Al incluir la coparticipación (un reclamo judicial con sentencia) junto a temas de alta sensibilidad social como Discapacidad, Financiamiento Universitario y la AUH, el oficialismo obligó a la oposición a votar en bloque.
  • Costo político: Para muchos legisladores, convalidar el pago a CABA implicaba “pagar el precio” de derogar leyes de financiamiento educativo o salud, algo que resultaba invotable en el clima social actual.
  • Votación por capítulos: La decisión de no desglosar el capítulo artículo por artículo fue el error táctico que mencionan en la Ciudad, ya que impidió salvar el acuerdo por la coparticipación de forma independiente.

Las Consecuencias Inmediatas

ActorImpacto
Gobierno NacionalPierde la derogación de leyes que “pisan” el gasto. Si el Senado no revierte esto, el Ejecutivo amenaza con el veto total para proteger el superávit.
CABA (Jorge Macri)Se queda sin el marco legal para cobrar los $350.000 millones. Deberá volver a la vía judicial o intentar que el Senado separe los artículos.
Corte SupremaEl fallo sigue vigente, pero su ejecución se vuelve más tortuosa sin una partida presupuestaria específica asignada por ley.

¿Qué sigue en el Senado?

El foco ahora está en la Cámara Alta, donde el escenario es incierto:

  1. Revisión del articulado: El Senado podría intentar modificar el proyecto para separar el pago a CABA de las derogaciones conflictivas y devolverlo a Diputados.
  2. Presión de los gobernadores: Otros mandatarios provinciales podrían usar este precedente para exigir compensaciones similares a las de CABA.
  3. Riesgo de Veto: El Poder Ejecutivo ya marcó la cancha: si el Presupuesto sale pero “sale caro” (sin los recortes previstos), el veto es una posibilidad real, lo que obligaría a prorrogar nuevamente el presupuesto anterior.

Nota clave: La mención de los $21.300 millones para el Ministerio Público Fiscal también naufragó en este capítulo, lo que suma un conflicto adicional con el Poder Judicial.