El futuro del Luna Park, el mítico “Palacio de los Deportes” de Buenos Aires, ha quedado envuelto en una batalla legal y política. La controversia estalló tras conocerse la Disposición 1283/DGIUR/2025, mediante la cual el Gobierno porteño autorizó un ambicioso plan de remodelación y ampliación que, según legisladores y conservacionistas, violaría las leyes de protección patrimonial que amparan al edificio.
La legisladora Bárbara Rossen (Fuerza por Buenos Aires) presentó un pedido de informes exigiendo que el Ejecutivo explique por qué se habilitó una obra que, a su entender, “saltea” a la Legislatura para favorecer un negocio privado. El estadio no solo es un referente emocional para los porteños, sino que posee un Nivel de Protección Estructural y es Monumento Histórico Nacional.
Una ampliación que triplica el volumen
El proyecto, impulsado por la empresa DF Entertainment (vinculada al gigante global Live Nation), planea una modernización total para elevar la capacidad del recinto de 8.400 a 13.000 espectadores. Sin embargo, las organizaciones civiles como Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad advierten que no se trata de una simple puesta en valor.
Los puntos más críticos de la obra denunciada incluyen:
- Vaciado interior: Se denuncia una “demolición encubierta” de toda la estructura interna.
- Aumento de altura: Modificación de las fachadas originales y reemplazo de la cubierta histórica.
- Nuevos subsuelos: Excavaciones que alterarían la tipología estructural del edificio.
- Exceso normativo: El volumen del estadio crecería casi un 80%, algo prohibido para inmuebles con protección estructural, que solo permiten intervenciones de conservación o mantenimiento menor.
La batalla judicial y el reclamo legislativo
Para la arquitecta Rossen, el Luna Park es un sitio donde “se despidió a Carlos Gardel y pelearon Monzón y Bonavena”, por lo que su identidad no puede ser sacrificada. “El patrimonio merece proyectos respetuosos, no negocios que ignoren la normativa vigente”, sostuvo la legisladora.
Por otro lado, la vía judicial ya está activa. El abogado Andrés Gil Domínguez y diversas ONGs presentaron un amparo colectivo para frenar la disposición oficial. Argumentan que el Poder Ejecutivo porteño se atribuyó facultades que le corresponden exclusivamente a la Legislatura y que la autorización otorgada por la Comisión Nacional de Monumentos en una reunión virtual de “trámite exprés” es insuficiente para avalar semejante intervención.
La postura de los propietarios
Desde el Arzobispado de Buenos Aires y la Sociedad Salesiana (propietarios del predio), junto a la concesionaria, sostienen que las obras son necesarias para corregir fallas estructurales y adaptar el Luna Park a los estándares de seguridad y tecnología del siglo XXI. Aseguran que cuentan con todos los permisos de los organismos competentes y que el proyecto busca salvar al estadio del deterioro.