Un nuevo capítulo se abre en el conflicto por la demolición del puente Ciudad de la Paz, una estructura centenaria que une los barrios de Palermo y Colegiales. A solo horas de que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) se reúna para definir su futuro, dos organizaciones civiles, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Basta de Demoler, presentaron una acción de amparo colectivo ambiental para detener el proyecto.
La acción judicial, liderada por Jonatan Baldiviezo y Ana Bas, busca que la Justicia ordene al CAAP abstenerse de descatalogar el puente y que el gobierno porteño cumpla con su obligación de enviar a la Legislatura un proyecto de ley para su protección definitiva.
El cambio de postura del Gobierno
La controversia escaló luego de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunciara la licitación para construir un nuevo viaducto, apenas cuatro meses después de haber reabierto el puente tras dos años de obras. En su momento, Macri había celebrado la rehabilitación para vehículos livianos, pero luego justificó la demolición para permitir el paso de camiones y abordar supuestos problemas de seguridad.
La decisión ha generado un fuerte rechazo de las organizaciones civiles y de expertos en patrimonio. La acción judicial se basa en el Informe Polimeni, un análisis técnico que, contratado por la propia gestión actual, determinó que el puente podía ser rehabilitado, un dato que no fue presentado por completo al CAAP.
Argumentos contra la demolición
Para Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la demolición sería un “daño irreversible al patrimonio cultural” de Buenos Aires. “Lo que se demuele se pierde para siempre”, afirmó, destacando que existen “soluciones que garantizan la seguridad sin comprometer la conservación de nuestra memoria colectiva”. El amparo busca asegurar la participación ciudadana a través de una audiencia pública obligatoria, un requisito que la Constitución porteña exige para proyectos de protección patrimonial.
Por su parte, Ana Bas, de Basta de Demoler, criticó la “contradicción” del gobierno, que pasó de considerar el puente un “bien patrimonial” a solicitar su descatalogación. “Cuando el gobierno de la ciudad no consulta ni escucha a los que la habitamos, nos queda el Poder Judicial para intentar hacer cumplir las normas que nos protegen”, sostuvo.
El arquitecto Marcelo Magadán y la especialista María Eva Koutsovitis respaldaron la acción legal, señalando que el puente, construido en 1919, tiene un gran valor histórico e ingenieril. Ambos insisten en que “en los países serios no se demuele el patrimonio urbano, se lo rehabilita y conserva para las actuales y futuras generaciones”.
El conflicto ahora queda en manos de la Justicia, que deberá decidir sobre el futuro de esta emblemática estructura que, por más de un siglo, ha sido testigo del desarrollo urbano de la capital argentina.