En el marco del plan de recuperación de inmuebles que lleva adelante la Ciudad, la oposición unificó reclamos para echar luz sobre lo que consideran una “zona gris” en la gestión habitacional. El proyecto exige precisiones sobre el accionar oficial desde el inicio de la gestión en 2024 hasta hoy, poniendo el foco en la vulnerabilidad de las familias afectadas.
Radiografía de la emergencia
Los legisladores buscan determinar si el Poder Ejecutivo cuenta con un registro actualizado de propiedades en riesgo y bajo qué criterios técnicos se decide una intervención. Entre los puntos principales del pedido, se destacan:
- Inspecciones y obras: Cantidad de relevamientos realizados y el estado de las obras estructurales. La oposición sospecha que en muchos casos se declara la emergencia para avanzar con el desalojo, pero no se realizan las mejoras edilicias prometidas.
- Uso de la fuerza: Se exigen datos precisos sobre la participación de la Policía de la Ciudad, la cantidad de detenciones y el secuestro de pertenencias durante los operativos.
- Plazos: Información sobre el tiempo que transcurre entre el diagnóstico de riesgo y la ejecución de la clausura o desalojo.
El factor social: ¿A dónde van los desalojados?
Uno de los ejes más sensibles del proyecto apunta al destino de las personas que son retiradas de estos inmuebles. La iniciativa pide detallar:
- Censo de afectados: Cantidad total de adultos y menores desplazados por operativos de emergencia.
- Asistencia habitacional: Qué dispositivos de refugio o subsidios se activaron en cada caso.
- Seguimiento: La existencia (o falta) de un acompañamiento social posterior para evitar que las familias terminen en situación de calle.
“Se indaga sobre la articulación entre los organismos técnicos de control y las áreas sociales, para verificar si existe una política integral o si se trata meramente de operativos de seguridad”, señala el texto presentado en la Legislatura.
Contexto político
Este pedido de informes llega en un momento de alta visibilidad sobre la política urbana de la Ciudad, donde los procesos de “recuperación de inmuebles” han generado choques entre el Ministerio de Seguridad y organizaciones sociales que denuncian una política de “limpieza social” sin soluciones habitacionales de fondo.
Dato de interés: El pedido de informes también solicita conocer los casos en los que se restituyeron inmuebles a sus propietarios originales tras las intervenciones y bajo qué condiciones legales se realizaron dichas devoluciones.