El conflicto urbanístico en el Barrio Naón (Mataderos) sumó capítulos decisivos durante este verano. En el marco de la causa judicial que llevan adelante los vecinos para frenar la construcción de torres de 15 pisos en una zona históricamente de casas bajas, se produjeron tres hechos institucionales que inclinan la balanza a favor del reclamo vecinal y ponen bajo la lupa la planificación del Gobierno de la Ciudad.
El hito más reciente tuvo lugar este martes 10 de marzo, con la realización de una audiencia ante la Cámara de Apelaciones. En dicha instancia, los jueces escucharon los argumentos de la empresa constructora y del Gobierno porteño, pero también la voz de los vecinos, quienes expusieron el impacto irreversible que estas obras generarían en la identidad y la infraestructura del barrio.
Un respaldo judicial y constitucional de peso
Uno de los puntos más sólidos para el reclamo llegó de la mano de la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones, que emitió un fallo favorable a los vecinos. El dictamen respalda los planteos sobre el impacto urbano y ambiental, otorgando una validación jurídica fundamental antes de la sentencia definitiva.
A este apoyo se sumó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que se presentó en el expediente bajo la figura de Amicus Curiae (amigo del tribunal). En su presentación técnica, el organismo señaló diversas irregularidades y aspectos cuestionables del proyecto, reforzando la postura de que la obra no puede ser tratada como un trámite administrativo menor, sino como una intervención de “relevante efecto”, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad.
El debate por la “mancha de aceite” inmobiliaria
Durante la audiencia del pasado martes, la constructora y el Gobierno porteño insistieron en que el proyecto se ajusta a la normativa vigente. Sin embargo, los vecinos denunciaron una catalogación urbanística arbitraria que se remonta a la reforma del Código de 2018.
Según expusieron los referentes del barrio, mientras que en aquel año se redujeron las alturas permitidas en calles como Ercilla y Saladillo para preservar la fisonomía de la zona, dos predios específicos quedaron catalogados como “Corredor Alto”. Esta excepción técnica es la que permitiría levantar edificios de 15 pisos, una situación que los vecinos califican como una prioridad del interés inmobiliario por sobre la calidad de vida de quienes habitan el barrio.
La Justicia deberá definir ahora si prima la letra fría de una normativa cuestionada o el derecho de los ciudadanos a proteger el entorno urbano en el que viven.