En un contexto de crisis habitacional que azota a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un informe de la Auditoría General porteña (AGCBA) puso en evidencia una serie de irregularidades en el programa “Alquiler se puede (ASP)” y sus derivados. Lanzado en 2015 para facilitar el acceso a una vivienda a través de subsidios y garantías, el programa, según la auditoría, ha sido ineficaz y ha dejado a miles de familias sin una respuesta concreta.
El informe revela que el programa no tiene vigencia actualmente y que, a lo largo de sus distintas versiones (“Garantía BA”, “Garantía +Fácil”, “Alquiler +Fácil”, “Refacción +Fácil”), ha fracasado en su objetivo. Aunque miles de familias se inscribieron, el número de beneficiarios es ínfimo: de 1650 inscritos en la primera etapa, solo 59 recibieron ayuda; de 2035 en la siguiente, apenas 192 fueron beneficiados. La última versión del programa otorgó asistencia a solo 13 de 311 familias inscritas.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) justificó los rechazos por la exigencia de “antecedentes financieros” y el vencimiento de los “plazos de tramitación”, motivos que, según el auditor general Lisandro Teszkiewicz, son “carentes de razonabilidad” en el marco de una política social.
La auditoría también subraya un sesgo geográfico: la mayoría de los beneficiarios se concentran en las comunas del centro y norte de la ciudad (13, 14, 6, 7, 12 y 15), mientras que los barrios del sur, donde reside la población más vulnerable y el déficit habitacional es mayor, quedaron prácticamente sin cobertura.
Además de la baja cobertura y el sesgo geográfico, la AGCBA criticó la falta de seguimiento y evaluación de resultados. El Gobierno porteño no realizó informes de impacto, lo que, según el documento, “confirma la falta de voluntad política de dar respuesta a la crisis habitacional”.
Para Teszkiewicz, esta situación no es un “error de gestión”, sino un “proyecto político pensado para excluir a quienes más necesitan”. El auditor sostuvo que el programa se ha convertido en una “cáscara vacía” que “gobierna para el mercado inmobiliario, no para las familias trabajadoras”.
En un tono crítico, el auditor concluyó que la política del Gobierno porteño en materia de vivienda no busca resolver problemas sociales, sino “consolidar negocios privados sin control, sin transparencia y con fallas en el cumplimiento de las normativas”. Mientras la angustia por el alquiler crece, el programa, que prometía ser una solución, se revela como un filtro que deja a la mayoría de las familias sin hogar.