La historia de la ciencia y la tecnología en Argentina está marcada por ciclos de brillantez y abruptas interrupciones. Desde la Noche de los Bastones Largos en 1966, pasando por el vaciamiento de la última dictadura cívico-militar, hasta la década de los 90, cuando se mandó a los científicos “a lavar los platos”, el sistema de investigación nacional ha sido reiteradamente blanco de políticas de ajuste.
En la actualidad, el sector científico atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Los datos presupuestarios son contundentes: la inversión del Producto Bruto Interno (PBI) destinada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se sitúa en torno al 0,14%, una cifra inferior al 0,17% registrado durante la crisis socioeconómica del año 2002. Esta contracción de recursos coincide con la parálisis de las altas a la Carrera del Investigador Científico (CIC), la falta de convocatorias ordinarias y la interrupción de la cobertura médica para diversos sectores del organismo.
Para comprender el impacto humano e institucional de esta situación, conversamos con Rocío Guichón, becaria postdoctoral del CONICET, antropóloga y arqueóloga en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), y docente en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Como parte de los 379 profesionales que se encuentran desvinculados de sus funciones, Guichón analiza las dimensiones del conflicto actual, los mecanismos administrativos de precarización y la convocatoria a la movilización federal del próximo primero de julio.
P.ablo Seoane: La situación es alarmante, el porcentaje del PBI destinado al CONICET es hoy más bajo que tras la eclosión de 2001. En el plano humano, estamos hablando de despidos y de la desarticulación de equipos enteros. ¿Cómo vivís esta realidad en lo cotidiano?
Rocío Guichón.: Estamos en plena lucha, tratando de hacer fuerza y de pelear para que la ciencia siga existiendo en este país. En lo personal, formo parte de los 379 becarios postdoctorales que nos quedamos sin trabajo de un día para el otro. Es una situación muy dolorosa porque representa el cese de ocho años de formación académica y de inversión pública en alta especialización. No se trata solo de la pérdida de un puesto laboral individual; esto implica el deceso de proyectos de investigación, el desmantelamiento de equipos consolidados y la interrupción de líneas de estudio estratégicas para el país, tanto en ciencia aplicada como en ciencia básica. Lo que estamos presenciando es un deterioro institucional profundo, un proceso que dentro de la comunidad ya denominamos abiertamente como un “cientificicidio”.
P.S.: Cuando usás el término “cientificicidio” marcás una diferencia cualitativa respecto a crisis anteriores. ¿Considerás que la situación actual es más grave que la degradación que sufrió el sector durante la década de los 90?
R.G.: Sí, definitivamente es más grave que en los años 90. La gravedad radica en la escala del daño. Durante las últimas dos décadas hubo una recomposición sostenida del sistema científico, respaldada por programas estatales de mediano y largo plazo. Hubo una decisión política de ampliar la base de investigadores, de federalizar la ciencia y de dotar de infraestructura a los centros de desarrollo. Lo que ocurre hoy es el desguace de esa estructura construida durante años. Además, el proceso se ejecuta con una enorme crueldad administrativa, afectando derechos fundamentales como el acceso a la salud.
P.S: Mencionabas justamente el impacto en las obras sociales y las coberturas médicas. ¿Cuál es el estatus legal y laboral en el que se encuentran los becarios frente a estas bajas?
R.G.: Los becarios y becarias de CONICET tenemos históricamente una categoría laboral ambigua. No somos considerados trabajadores en planta formal, sino beneficiarios de un estipendio de formación, a pesar de que cumplimos tareas de investigación de tiempo completo, publicamos en revistas internacionales y dictamos clases. Es un limbo legal. Esta vulnerabilidad se profundiza ahora que se han dado de baja obras sociales de manera arbitraria a compañeros y compañeras que terminaban sus prórrogas. La contrapropuesta oficial ante la pérdida de la cobertura médica fue ofrecer un monto de 90.000 pesos para que cada uno contrate una cobertura de salud de forma particular. Es una cifra ridícula frente a los costos actuales de la medicina privada, más aún cuando hablamos de investigadores que tienen hijos, personas a cargo o condiciones crónicas de salud. Se interrumpe la asistencia sanitaria de un día para el otro, sin criterios claros.
P.S.: Todo esto ocurre mientras se postergan las designaciones de quienes ya ganaron sus concursos para ingresar a la Carrera del Investigador Científico (CIC). ¿Cómo funciona ese embudo administrativo?
R.G.: Ese es el núcleo del conflicto que nos lleva a movilizarnos este primero de julio. El CONICET está estructurado de forma meritocrática: competimos mediante antecedentes, evaluaciones de comités externos y puntajes muy estrictos para acceder a cada escalón. Cumplimos con todas las reglas que el propio organismo impone. Sin embargo, las autoridades actuales están incumpliendo sus propios plazos y normativas. Actualmente hay al menos 585 personas que concursaron y ganaron su ingreso a la carrera en 2022 y que todavía no han sido efectivizadas en la planta del organismo. Tampoco se abrió la convocatoria correspondiente a 2024, lo que generó un cuello de botella. Los becarios postdoctorales que debíamos postularnos en el último período quedamos atrapados en ese embudo. La respuesta que hemos recibido del directorio es que los resultados de las postulaciones pendientes se publicarán recién entre agosto y diciembre de 2027, para hacerse efectivas en 2028.
P.S.: Es decir, les proponen un bache de dos años sin ingresos ni estabilidad laboral, esperando una resolución de una administración futura.
R.G.: Exactamente, es una desatención total hacia la subsistencia de los profesionales. ¿De qué se supone que vivimos durante estos dos años intermediarios? Muchos de los afectados somos docentes universitarios, pero el sistema universitario también atraviesa un ahogo presupuestario severo. En mi caso, tengo un cargo docente simple en la Universidad Nacional de Rosario y percibo un sueldo de 230.000 pesos mensuales por dictar mis clases. Nadie puede costear el alquiler, la canasta básica y la manutención de una familia con esos ingresos. Existe una intención manifiesta de ahogar económicamente al sector para forzar el abandono de las investigaciones. Recomponer el tejido científico y humano que se está destruyendo hoy va a costar décadas.
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| CRISIS PRESUPUESTARIA Y LABORAL EN CONICET |
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| Inversión actual del PBI en CONICET| 0,14% (Inferior al de 2002) |
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| Investigadores CIC sin efectivizar | 585 profesionales (Concurso |
| | 2022) |
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| Becarios postdoctorales desvincu- | 379 investigadores |
| lados | |
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| Postulaciones retrasadas | Resultados postergados hasta |
| | 2027 / Efectivización 2028 |
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P.S.: Ante este escenario, ¿el directorio o las autoridades del Ministerio han emitido algún canal de comunicación formal o justificación técnica para los despidos y las postergaciones?
R.G.: No ha habido comunicaciones oficiales claras; la gestión se maneja mediante canales informales y trascendidos. Primero se instalan rumores sobre bajas o congelamientos de presupuesto, y luego esos rumores se ejecutan por la vía de los hechos, paralizando los expedientes administrativos. El miércoles pasado nos movilizamos al Polo Científico, en el barrio de Palermo, porque queríamos respuestas institucionales. Este es un problema profundamente federal, no afecta únicamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); el CONICET tiene institutos y dependencias en todas las provincias del país. Ese día logramos ingresar al edificio y ser recibidos por un miembro del directorio, pero la respuesta fue evasiva: nos manifestaron que el otorgamiento de las prórrogas aún no estaba definido oficialmente. Juegan con la incertidumbre y la necesidad de la gente.
P.S.: Este proceder administrativo de desregulación y precarización ha sido una constante en diferentes periodos históricos de contracción del Estado. Pensando en términos macro, ¿cuál es el impacto real para el ciudadano común cuando un país deja de invertir en su propia ciencia?
R.G.: Las consecuencias se dan en dos niveles muy claros. En el ámbito de las ciencias aplicadas y exactas, el freno presupuestario interrumpe de forma directa el desarrollo de proyectos vinculados a la salud pública —como la investigación de tratamientos y curas de enfermedades—, la transferencia tecnológica a pequeñas y medianas empresas nacionales y la optimización de recursos productivos. En el campo de las ciencias básicas y sociales, lo que se anula es la capacidad de generar pensamiento crítico y conocimiento sobre nuestro propio territorio. Para ser verdaderamente libres e independientes, un país necesita saber de dónde viene, cuáles son sus dinámicas sociales y qué problemáticas específicas lo atraviesan. Como arqueóloga, gran parte de mi trabajo consiste en desenterrar y comprender esa profundidad histórica. Perder la ciencia propia es perder soberanía y ceder la gestión de nuestra identidad.
P.S.: Mencionás la palabra “identidad”, un concepto con una carga histórica muy densa en nuestro país. Desarticular el patrimonio histórico y los centros de pensamiento es también una forma de debilitar los lazos de la memoria colectiva.
R.G.: Absolutamente. La identidad no es algo abstracto; está vinculada a nuestra historia, a nuestras raíces y también a los procesos de memoria, verdad y justicia relacionados con los periodos más oscuros de nuestro país, como la última dictadura cívico-militar. La investigación científica y social provee las herramientas conceptuales y las evidencias empíricas para sostener esa memoria. Cuando se debilita el aparato científico y educativo, se debilita también la capacidad de la sociedad para recordar y analizar críticamente su pasado.
P.S.: Rocío, para aquellos ciudadanos, docentes, estudiantes e investigadores que quieran sumarse y apoyar el reclamo, ¿cuáles son los detalles de la convocatoria para el próximo primero de julio?
R.G.: El lunes primero de julio se van a realizar concentraciones y jornadas de protesta en distintos puntos del país, coordinadas por las distintas regionales del organismo. En la Ciudad de Buenos Aires nos vamos a concentrar a partir del mediodía en las puertas del Polo Científico, ubicado en la calle Godoy Cruz. Ese día está pautada la reunión plenaria del directorio del CONICET, donde se deberían tratar de manera urgente las prórrogas de las becas, la efectivización de los cargos concursados de las cohortes 2022 y 2023, la situación del Personal de Apoyo (CPA) y una definición concreta sobre las obras sociales. Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos de forma presencial o a difundir el reclamo a través de los canales digitales. Es fundamental entender que la defensa de la ciencia nacional no es un interés corporativo de los científicos, sino un patrimonio colectivo que hace al desarrollo del país.