El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó un decreto que obliga a las empresas de transporte público (subtes y colectivos) y a las prestatarias de recolección de residuos a garantizar guardias mínimas operativas de entre el 50% y el 75% ante cualquier paro o medida de fuerza sindical.
La medida busca amortiguar el impacto de las huelgas en los millones de ciudadanos que circulan diariamente por la Capital Federal. Al anunciar la firma del documento, Macri utilizó un tono categórico contra las cúpulas gremiales: “Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Ley y orden”.
Cómo se aplicarán los porcentajes mínimos por sector
El decreto porteño se ampara en las modificaciones introducidas por la Ley nacional de Modernización Laboral, la cual distingue el nivel de obligatoriedad según la gravedad y el tipo de prestación:
- Recolección de residuos (75% mínimo): Fue catalogada formalmente como un “servicio esencial”, por lo que las empresas del sector deberán asegurar que las tres cuartas partes del servicio habitual se mantengan activas para evitar crisis sanitarias.
- Transporte público (50% mínimo): Los colectivos, el subte y el Premetro fueron definidos como “actividades de importancia trascendental”. El piso de prestación de la mitad del servicio regular se exigirá de manera individual por cada línea de subte y en todas las líneas de colectivos bajo jurisdicción exclusiva de la Ciudad.
Implementación y controles oficiales
Para garantizar que las empresas cumplan con los nuevos pisos de servicio, el Poder Ejecutivo porteño activó dos vías de ejecución inmediata:
- Subte y Premetro: Se instruyó a la empresa estatal SBASE para que diseñe, en conjunto con la concesionaria privada Emova Movilidad S.A., el esquema técnico y operativo que asegure las formaciones necesarias en las vías durante los días de protesta.
- Colectivos y Basura: La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad (bajo la órbita del Ministerio de Justicia) tendrá la responsabilidad de convocar a las cámaras empresarias y a los gremios involucrados para fiscalizar que se respeten los porcentajes estipulados.
El decreto, que busca marcar un fuerte precedente en la regulación de la protesta social y laboral en territorio porteño, lleva también las firmas del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.