.
En una sesión marcada por el debate, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una profunda reforma al régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV). La iniciativa, impulsada por la diputada María del Pilar Ramírez, modifica la Ley N° 2.265 con el objetivo de desregular el sistema, ampliar la oferta de prestadores y flexibilizar los plazos de control para los automovilistas porteños.
El nuevo marco normativo abandona el modelo actual de concesiones concentradas en un número limitado de plantas y avanza hacia un sistema abierto y competitivo.
Los nuevos plazos para realizar la VTV
Uno de los cambios más significativos para los conductores tiene que ver con la extensión de los plazos de vigencia de las obleas, que quedarán determinados de la siguiente manera:
- Vehículos 0 km: Deberán realizar su primera verificación recién a los 5 años de su patentamiento.
- Vehículos de hasta 10 años de antigüedad: El control pasará a ser cada dos años.
- Vehículos con más de 10 años: Mantendrán la obligatoriedad de la revisión de forma anual.
Apertura del juego a nuevos talleres y precios libres
La reforma introduce un giro estructural en el mercado del servicio al habilitar a talleres independientes, concesionarios e importadores oficiales a realizar la VTV, siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos exigidos por las autoridades. La implementación de esta apertura se realizará de manera progresiva, respetando el vencimiento de los contratos vigentes con las actuales empresas prestadoras.
Asimismo, la ley establece la liberalización del precio del servicio. A partir de ahora, el Gobierno porteño ya no fijará un valor regulado único, sino que cada establecimiento tendrá la facultad de determinar su propia tarifa, apostando a que la libre competencia regule los precios del mercado.
Controles, digitalización y el debate de la oposición
Para garantizar la seguridad vial, la norma ratifica la obligatoriedad de los estándares técnicos nacionales y refuerza la responsabilidad legal de los talleres y sus directores técnicos ante fallas mecánicas que pudieren derivar en siniestros. Además, se implementarán registros digitales de las verificaciones para cruzar bases de datos con los organismos nacionales.
Durante la sesión, el despacho de minoría impulsado por la oposición no logró prosperar. Dicha propuesta alternativa coincidía en abrir el juego a más talleres, pero planteaba mantener un tope de tarifa máxima fijado por el Estado y establecer controles estrictos sobre el kilometraje del vehículo para definir la frecuencia de las revisiones, con el fin de evitar posibles conflictos de interés entre los talleres mecánicos y su rol fiscalizador.