Un trágico incendio ocurrido el pasado domingo 9 de noviembre en una vivienda del barrio Cildañez (Comuna 9) cobró la vida de tres jóvenes de 20, 17 y 14 años, mientras que el padre de la familia, reconocida como humilde y trabajadora, continúa internado.
El fatídico suceso no solo conmocionó a la comunidad, sino que puso en el centro del debate la falta de inversión y la precariedad de la infraestructura en los barrios vulnerables de la Ciudad. Vecinos intentaron sofocar el fuego con baldes y mangueras, una labor que se vio obstaculizada por la baja presión de agua y por el difícil acceso de los bomberos a través de los angostos pasillos del barrio.
Alerta por el Presupuesto 2026: “El Estado no debe tener política de vivienda”
Este acontecimiento se da en el marco de una fuerte advertencia sobre el proyecto de Presupuesto 2026 de la Ciudad, actualmente en discusión en la Legislatura. La legisladora Claudia Neira señaló que el proyecto reflejaría una visión donde “el Estado no debe tener política de vivienda”.
Un informe conjunto de instituciones clave, como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Ministerio Público de la Defensa porteño, el CELS y ACIJ, advierte sobre un “fuerte retroceso” en las políticas de integración socio urbana.
Caída Histórica: “En el Proyecto de Presupuesto 2026, las partidas destinadas a barrios populares llegaron al nivel más bajo en los últimos catorce años, con una caída real del 23% respecto al presupuesto vigente”, afirma el documento “Barrios populares en emergencia: menos presupuesto y derechos en las villas de la Ciudad”.
Desigualdad estructural
El informe subraya que la reducción presupuestaria desplaza los proyectos de integración en favor de acciones paliativas o de emergencia, ignorando el cumplimiento de leyes vigentes y sentencias judiciales que ordenan mejoras.
Esta falta de políticas integrales profundiza una situación de desigualdad crítica:
- Salud: Los habitantes de barrios populares viven, en promedio, once años menos que el resto de la población.
- Vulnerabilidad: El hacinamiento y la pobreza se quintuplican en comparación con los barrios formales. Los sectores más afectados son las mujeres jefas de hogar, los niños/as y los adultos mayores.
- Derechos vulnerados: A la precariedad habitacional se suman la falta de acceso a servicios básicos, inseguridad eléctrica y sanitaria, y la suspensión de espacios de participación comunitaria previstos por ley.
Llamado a la acción
Frente a este panorama, las organizaciones e instituciones de defensa de los derechos humanos concluyen con un llamado urgente: la necesidad de establecer políticas públicas sostenidas, con financiamiento adecuado y mecanismos participativos.
El objetivo es doble: garantizar la atención inmediata de situaciones críticas, como el reciente incendio, y dar continuidad a los procesos de integración socio urbana para cumplir con los derechos constitucionales a la vivienda digna y el hábitat adecuado.