Un lapidario informe de organismos de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo advierte una “vulneración de derechos básicos” para más de 275.000 personas. Denuncian que la reducción presupuestaria paralizará obras de urbanización y condenará a la precariedad habitacional al 10% de la población porteña.
El Proyecto de Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires desató una grave alarma social. Un informe conjunto del Ministerio Público de la Defensa (MPD CABA), la Defensoría del Pueblo porteña, el CELS y ACIJ advierte que los fondos destinados a los barrios populares (villas y asentamientos) sufrirán la menor inversión en los últimos catorce años.
El documento, titulado “Para los barrios populares no hay plata: baja presupuestaria y vulneración de derechos en las villas de la Ciudad”, señala una caída del 23% respecto al presupuesto aprobado para 2025.
Impacto directo en la desigualdad
La drástica reducción presupuestaria impacta directamente sobre las condiciones de vida de más de 275.000 personas, lo que representa casi el 10% de la población de la Ciudad.
Las organizaciones denuncian que la inversión se concentra en medidas paliativas o de emergencia, dejando de lado los procesos de urbanización integral, la vivienda digna y el cumplimiento de leyes y fallos judiciales que garantizan derechos básicos.
“La desinversión estatal, la disolución de equipos técnicos especializados y la paralización de obras esenciales implican una dilapidación de la inversión pública acumulada en la última década”, señala el informe.
El retroceso amenaza con profundizar la precariedad habitacional, aumentar la inseguridad eléctrica y sanitaria, y excluir a las comunidades de los espacios de participación previstos por ley.
La profundización de la brecha social
Las organizaciones remarcan la paradoja: la regresión se produce en la ciudad más rica del país, donde la desigualdad ya es extrema y está documentada:
- Expectativa de Vida: En los barrios populares es, en promedio, 11 años menor que en otras zonas.
- Hacinamiento y Pobreza: Se quintuplican en comparación con los barrios formales.
- Población Vulnerable: Las mujeres jefas de hogar, los niños, niñas y personas mayores son los más afectados por esta desinversión.
Frente a este panorama, los organismos exigen a los legisladores establecer políticas públicas sostenidas, con financiamiento adecuado y mecanismos participativos, para garantizar la continuidad de la urbanización y hacer efectivos los derechos constitucionales al hábitat y la integración urbana.